La investigación del ministerio fiscal sobre Banca Catalana entra en la recta final

La posible querella por las presuntas irregularidades en Banca Catalana ha entrado en la recta final. El pasado martes, 24 de abril, dos inspectores del Banco de España se reunieron con los fiscales encargados del caso para "traducirles" la documentación bancaria recibida en las últimas semanas. Durante todo el día los dos expertos contables y los representantes del ministerio público estuvieron reunidos en una de las salas de la Audiencia Provincial de Barcelona, examinando cerca de 1.000 extractos de operaciones bancarias.

Se asegura que con los datos proporcionados por esta documentación los dos fiscales encargados del tema podrán articular finalmente la acción judicial (querella o denuncia) contra los responsables de Banca Catalana, que podría presentarse la semana siguiente a la celebración de las elecciones al Parlamento de Cataluña.Esta ardua sesión de estudio de la documentación, que finalizó hacia las siete de la tarde, se ha efectuado al cumplirse dos meses del anuncio hecho por la Fiscalía General del Estado según el cuál se decidía la apertura de un procedimiento judicial. La demora en la presentación de la querella, al parecer se debe a la mecánica de la propia inspección del Banco de España, que a pesar de su compromiso en colaborar en la investigación no pudo personarse en la Audiencia de Barcelona hasta el pasado martes.

Los fiscales Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, que fueron designados por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Barcelona para hacerse cargo del caso, empezaron a estudiar el tema de Banca Catalana en la primera semana del pasado mes de marzo. En un principio las investigaciones se centraron en un informe del Banco de España relativo al tema. Se asegura que la primera conclusión a la que se llegó, después de estudiar aquel texto, fue que cuanto menos se había cometido un presunto delito de falsedad en documento público. No se descarta la posibilidad de que, a raíz de la sesión de investigación que se realizó el pasado martes, se hubiera configurado la supuesta comisión de otros delitos diferentes al de falsedad en documento público.

El informe del Banco de España, que recoge y resume más de 4.000 folios, asegura que en Banca Catalana existió una doble contabilidad, el pago de extratipos, la "falta de veracidad" en balances y la "tenencia de acciones sin autorización".

Con esta información se desmienten categóricamente los rumores recogidos en medios jurídicos y políticos que se aseguraba que las acciones judiciales contra Banca Catalana habían quedado definitivamente "aparcadas" por falta de consistencia.

Se ha sabido ahora, coincidiendo con esta aceleración de la investigación de Banca Catalana, que pocos días antes del inicio de la campaña electoral el presidente de la Generalitat y candidato por Convergencia i Unió, Jordi Pujol, abrió una serie de consultas sobre el tema. Se asegura incluso que a estas consultas fueron llamados juristas y profesionales de la Administración de Justicia.

El mayor peso especifico de esta tarea consultiva habría recaído sobre el abogado procesalista Joan Piqué Vidal -considerado como letrado personal del presidente Jordi Pujol-, quien en los últimos años se ha destacado por la defensa de los intereses de destacados hombres públicos de Cataluña.

Joan Piqué Vidal, que dirige un importante colectivo jurídico de Barcelona, compuesto por cerca de una veintena de abogados, se ha encargado de la defensa del presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Lluís Nuñez, y del candidato de Coalición Popular en las elecciones al Parlament, Eduard Bueno, entre otros. Tuvo asimismo, el letrado Piqué Vidal una destacada actuación en el tema en el proceso judicial del Banco de los Pirineos y en el mismo de Banca Catalana.

A mediados del pasado año, fue llamado a Londres por el empresario José María Ruiz-Mateos para hacerse cargo de su defensa, petición que el letrado rechazó. Este abogado penalista es, además, promotor de una prestigiosa tertulia jurídica que se celebra en el Colegio de Abogados de Barcelona, conocida con el nombre de Café criminal.