Cuatro lanchas españolas para Nicaragua, retenidas en Costa Rica

Cuatro lanchas rápidas construidas en España y con destino a Nicaragua fueron embargadas, el martes, por las autoridades costarricenses en el puerto de Caldera, a unos 100 kilómetros de San José. Las lanchas llegaron a bordo del barco francés Lafayette, que no las pudo desembarcar en el puerto nicaragüense de Corinto por el minado efectuado recientemente en sus aguas por las fuerzas antisandinistas de la Alianza Revolucionaria Democrática (ARDE).El viceministro de Seguridad de Costa Rica, Johnny Campos, de claró que la presunción de que las lanchas retenidas puedan servir para fines militares obliga al Gobierno de este país a no permitir su paso por su territorio, debido a su declaración de neutralidad en los conflictos bélicos de los países vecinos.

A pesar de que las embarcaciones no son militares, Campos declaró que el hecho de que estén dotadas de "motores muy potentes, radar y equipo para lanzamiento de bengalas" hace suponer que "puedan ser utilizadas para acciones militares en ríos y puertos nicaragüenses". "No creo que Nicaragua necesite en este momento comprar barcos para divertirse", añadió Campos.

El viceministro declaró que las lanchas "no se moverán de Caldera hasta nueva orden", pero añadió que, en caso de autorizar su salida de Costa Rica, "sería para otro país, no hacia Nicaragua".

Por otra parte, el Gobierno de Costa Rica rechazó ayer las acusaciones formuladas por medios informativos norteamericanos sobre presuntos sobornos a funcionarios costarricenses, entre los que se hallarían el jefe de los guardas rurales, una de las principales fuerzas policiales de este país, por parte de la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA), a cambio de ayuda y permiso a los guerrilleros de ARDE para poder utilizar el territorio costarricense para sus operaciones militares.

Según estas informaciones, la CIA triplicó sus agentes en San José, donde se hallaría el cuartel general desde donde se dirigen y controlan las operaciones de ARDE.

El presidente, Luis Alberto Monge, declaró que "es una historia falsa mientras no se presenten pruebas que permitan adoptar serias medidas contra los posibles responsables de estas acciones".