El Gobierno, decidido a realizar un control a fondo de la distribución y tareas de los funcionarios públicos
El Gobierno ha decidido averiguar, de manera definitiva, cuánta gente trabaja en los organismos dependientes de la Administración, en qué puestos concretos, bajo qué tipo de relación laboral y qué funciones desempeñan, al objeto de terminar con el caos que existe en el control del empleo de la Administración pública. Para ello, el ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, ha realizado "un ímprobo esfuerzo", según sus propias palabras, "para contar casi con los dedos de la mano a los funcionarios".
A su vez, el titular de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, ha firmado una orden ministerial para que todos los organismos y empresas públicas remitan cada mes una relación detallada del personal con que cuentan y cuánto percibe cada empleado.Cuando el Gobierno de Felipe González tomó posesión, hace ahora año y medio, se encontró con una Administración pública caótica. Ningún ministro sabía cuánta gente trabajaba en su ministerio, ni lo que cobraba, ni la relación laboral, ni quiénes constaban en nómina pero jamás aparecían por sus puestos de trabajo. En una entrevista publicada por EL PAIS en diciembre de 1982 con el entonces recién nombrado ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, éste respondía a la pregunta de "cuántos funcionarios y contratados trabajan en la Administración pública" con un escueto: "No lo sé". Después, poco a poco y "contando a la gente con los dedos", el ministro de la Presidencia ha logrado saber el número exacto de funcionarios y contratados temporales y laborales: 1.477.206.
Pero para llegar a tener ese dato, imprescindible al tratar de poner en marcha la reforma de la Administración del Estado, hubo que resolver situaciones peculiares que en alguna ocasión casi re quirieron misiones detectivescas. "Aquí yo me encontré", recuerda Moscoso, "con 192 señores que cobraban todos los meses y nadie sabía a qué se dedicaban; en su mayor parte eran funcionarios, pero nunca aparecían por el ministerio. Los conserjes no conocían sus rostros y en los lista dos de personal no aparecían sus domicilios, y hubo que localizar los a través del único dato que poseía Presidencia: el número de cuenta bancaria de cada uno de ellos, donde se ingresaba el sueldo el día 30 de cada mes. Nos costó casi tres meses identificar los, hacerlos venir y decirles: 'O pide usted la excedencia o se pone a trabajar inmediatamente'. La mayoría pidió la excedencia y el resto está ahora en sus despachos y cumpliendo su horario. Pero durante años nadie los vio nunca ni nadie supo en qué trabajaron, sí es que alguna vez lo hicieron".
En otros ministerios pasaron anécdotas muy similares. Periodistas de la desaparecida Cadena de Prensa del Movimiento, luego convertida en Medios de Comunicación Social del Estado, fueron asignados a los ministerios más dispares, y, en no pocos casos, se han limitado a cobrar sin hacer nada por falta de trabajo. En un ministerio existe una partida de casi un centenar de yóqueis que, consecuentemente, se dedican a correr en el hipódromo, pero que a la vez son funcionarios y se les ingresa la nómina en cuenta bancaria de manera no justificada.
El propio ministro de la Presidencia advierte que "el comportamiento de los funcionarios y contratados ha sido, en líneas generales, digno, responsable y ejemplar", pero reconoce que "la tarea aún no está del todo terminada. Aún hay casos injustificables que escapan a nuestro control".
Reparto del presupuesto
Un malestar semejante ante tal desorden en las nóminas y en él empleo real lo detectó con especial sensibilidad el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, sobre todo a la hora de elaborar los Presupuestos. Des de Economía se emitió una circular a los organismos autónomos y los de la Administración pública para que intentasen poner orden y, sobre todo, especificar no el total de lo presupuestado cada año en salarios, sino cómo se re partía concretamente ese presupuesto. Fuentes gubemamentales admitieron que la circular no ha tenido resultados positivos.
Ante esta situación el ministro Boyer ha firmado una orden ministerial denominada "Para el control y seguimiento del nivel de empleo público", de inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado, y a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAIS. La orden insta a los interventores delegados por la Intervención General del Estado en cada entidad pública para que cada mes -en lugar de cada año, como se viene efectuando hasta ahora- entreguen ante el Ministerio de Economía y Hacienda una ficha detallada del empleo real en el momento de confeccionarla. En la ficha deben constar los siguientes conceptos: número de personas en nómina, relación laboral, cuánto percibe cada colectivo de empleados, el número de altas y la relación explicada de las bajas, tanto si lo son por fallecimiento o rescisión de con-trato como por excedencia, jubilación o transferencia a una comunidad autónoma.
El objetivo es, como indica el nombre de la orden mínisterial, tener una idea exacta, mes a mes, del empleo, dada la importanciaque tiene este concepto en el gasto público, como un primer paso para lograr una de las grandes metas que se ha impuesto el ministro Boyer: la reducción del déficit público.
