La presión fiscal en España

Las oposiciones políticas, en este país y en todos, tienen no sólo el derecho, sino también el deber, de defender los intereses de sus votantes. Pero en la práctica de las luchas parlamentarias, los partidos suelen ser proclives, a la demagogia y al oportunismo. No se limitan a denunciar lo que no funciona, que eso es bueno, y lo que funciona pero no a gusto de sus votantes, que no es tan bueno, pero puede aceptarse. Lo que ya no resulta tan bien es cargar las tintas melodramáticas en tomo a los defectos del sistema, fabricar psicosis colectivas o jugar con datos trucados. Véase, por ejemplo, el problema de la inseguridad ciudadana, asunto delicado que requiere la colaboración de todos. La oposición no hace más queso cavar la institución de la justicia e incitar a que se armen los ciudadanos y conviertan al país en un nuevo Far West. O la reforma de la enseñanza, que puede vulnerar ciertos derechos que las clases pudientes aseguran poseer, y cuya defensa es admisible, pero no vistiendo de rojo a la educación laica y reputándola de atea y marxista.Carga de catastrofismo

Pero donde la desinformación y el alarmismo baten sus récords en intensidad y tiempo es en el campo de los impuestos. La oposición intuyó hace tiempo, muy hábilmente, que, dadas las respectivas ubicaciones de la víscera cordial y de la cartera, uno de los más directos caminos hacia el corazón pasa por las finanzas, y dado que las clases conservadoras lo suelen ser tanto respecto al matrimonio como al patrimonio, encontraron una magnífica caja de resonancia para sus augurios catastróficos. Cada uno de los pasos emprendidos por el camino de una mayor justicia fiscal ha sido acompañado de un coro de lamentos y, de un mar de lágrimas, y los cenáculos patronales han soliviantado a sus huestes haciéndolas creer que eran víctimas de unos impuestos confiscatorios.

Estos lamentos contra los impuestos hemos de pensar que son más viscerales que intelectivos. De aquí que se haya de luchar contra, una tozudez argumental que difícilmente admite pruebas en contrario. Pero también los números son tozudos. Con la esperanza de que la de éstos venza a la de aquéllos, se insertan en el cuadro adjunto los porcentajes respecto al producto interior bruto (PIB) de la presión fiscal y las cotizaciones sociales en todos los países miembros de la Organización, para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), según datos que cada año publica dicho organismo y que ahora se refieren a 1981.

Como es posible que los adalides de la contrarreforma fiscal apunten el argumento de que, dada la acusación que hacen al Gobierno de voracidad fiscal, para 1982 haya España trepado varios puestos en esta para ellos fatídica escala, vamos a defraudar a estos impenitentes pesimistas recordándoles que en las hojas económicas de EL PAIS del día 5 de febrero del presente año tienen el resultado de la estadística citada anteriormente, pero con valores referidos a 1982. El elocuente titular del artículo dice: España no figura entre los 20 primeros. Efectivamente, todavía ha descendido en dicha escala. En 1981 hacía precisamente el número 20, y en 1982 está por debajo. Del mismo modo, su porcentaje de presión fiscal y social descendía del 24,24% al 23,53%. Las cifras son contundentes. España sigue siendo un paraíso fiscal. Renunciemos, por otra parte, a comparaciones arriesgadas como la que sería hacer mención de Suecia, país que va a la cabeza en presión fiscal, pero que también ocupa el primer lugar en el ranking mundial de atenciones de carácter social. Es más llamativa nuestra diferencia respecto a naciones de nuestro nivel económico, y aún más bajo, como son los casos de Italia, Irlanda, Grecia y Portugal, cuya presión fiscal promediada es un cuarto superior a la nuestra.

No vamos a utilizar estos datos para propugnar nuevas subidas de impuestos. En primer lugar, el momento económico no da pie para grandes alegrías fiscales. En segundo, más vale dejar tranquilos a los que, mal que bien, van declarando y prestar más atención a los muchos que renuncian a formar parte de esa Hacienda que es de todos. Pero sí es oportuno hacer unas breves consideraciones sobre el problema fiscal en nuestro país.

Malo es que los impuestos que se satisfacen en España estén por debajo de lo que por su PIB le correspondería, pero aún peor es que esta escasa carga fiscal recaiga, en su mayor parte, sobre los que perciben sus ingresos a través de una nómina. En 1980, el 83,10% de lo recaudado por impuesto sobre la renta eran ingresos de trabajo personal; el 5,78%, rendimiento de capital mobiliario; el 3,63%, profesionales; el 4,98%, actividades empresariales, y las explotaciones agrícolas contribuyen con un meramente simbólico i0,20%! Esta es una estructura fiscal absurda que no guarda relación alguna con la capacidad económica de cada uno de los sectores, sino con la posibilidad de control de los ingresos. Que simplemente los rendimientos de acciones, obligaciones y títulos semejantes importen tanto como 38,44 los beneficios de la actividad empresarial del país sólo demuestra que aquéllos suelen ser retenidos e ingresados por las entidades pagadoras o intermediarias.

Hace poco declaraba en EL PAIS el nuevo secretario general del Ministerio de Hacienda, que el 60% de los profesionales, tres de cada cuatro agricultores y uno de cada cuatro contribuyentes no presentaban declaración de renta. En este sentido me expresaba yo mucho antes. También en EL PAIS, en mi artículo aparecido el 8 de mayo de 1982, con el título No sólo defraudan los ricos, hacía constar que el resultado de un muestreo practicado sobre 1.751 establecimientos comerciales de esta capital era que un 35% de los mismos no presentaba declaración en el impuesto sobre la renta.

La última consideración es que si estamos muy por detrás de muchos países en recaudación de impuestos, mucho más lo estamos en civismo. Y que si el ciudadano de estas tierras cojea en bastantes aspectos de la cultura, en la fiscal anda con muletas. En las escuelas no les enseñaron a los españolitos las virtudes cívicas, sólo las teologales. Y hasta los altos organismos jurídicos del país parecen querer contribuir a la desorientación en materia fiscal con sentencias como esa que admite que la defraudación puede ser una defensa contra el acoso de los impuestos.