Industria anuncia un plan de saneamiento financiero para las eléctricas que les fuerza a recortar el dividendo neto al 8%

La nueva estructura de tarifas eléctricas, aprobada el miércoles pasado en Consejo de Ministros y que supone un incremento medio del 8,75% de las mismas, incluye una propuesta gubernamental para la puesta en práctica de un plan de saneamiento financiero para el sector eléctrico que forzará a las compañías que se acojan voluntariamente al mismo a reducir el dividendo anual distribuible a un máximo del 8% (9,76% bruto). El Ministerio de Industria y Energía publicará en breve, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tres órdenes ministeriales que, aparte de profundizar en los detalles de este plan financiero, modificarán el actual sistema de compensaciones entre las empresas eléctricas y abrirá un tímido proceso, aún por definir, de transferencias de activos/capital entre las sociedades del sector, que podría facilitar también algunas absorción de compañías.

El ministro de Industria y Energía, Carlos Solchaga, anticipó ayer algunos aspectos del contenido de las tres órdenes ministeriales que, a grandes rasgos, han sido negociadas en un alto porcentaje con los máximos representantes de las empresas. Lo más llamativo de este denominado plan de viabilidad, en opinión de expertos del sector, es que supone un esfuerzo de intervención por el Gobierno de las empresas eléctricas, ya que aquellas sociedades que no quieran acogerse voluntariamente al mismo se verán penalizadas con una disminución en un 2,8% de sus ingresos totales por la venta de la producción. No obstante, el sector ha acogido con realismo las propuestas ministeriales y no se espera que ninguna empresa desee rechazar este programa voluntario.Asimismo, el Gobierno amplia el fondo de financiación de la moratoria nuclear, establecido el pasado octubre, elevándolo de un 2,89% a un 3,9% de los ingresos globales por ventas. Este porcentaje de la facturación total tendrá que destinarlo el sector a cubrir los costes financieros incurridos en la construcción de las centrales nucleares cuya entrada en funcionamiento no está contemplada en el Plan Energético Nacional (PEN) de 1983. Si a este porcentaje se le une el 2,8% de los ingresos totales que se destinarán a saneamiento financiero, se llega a una situación donde el sector tendrá casi siete puntos porcentuales de su facturación global -es decir, unos 75.000 millones de pesetas anuales- comprometidos en su propio saneamiento financiero.

Como el propio Solchaga explicó, en términos coloquiales, al término de su encuentro con la Prensa, el plan gubernamental se puede comparar hasta cierto punto al establecimiento de un sistema de coeficientes obligatorios en las empresas eléctricas muy parecido, en filosofía, al existente en la banca con los coeficientes de inversión obligatoria. En otras palabras, el Gobierno, por medio del BOE, recomienda a las empresas eléctricas que una parte de sus ingresos se destine a aquellos fines que el Gabinete considera necesarios para garantizar la viabilidad del sector y del servicio público que éstas prestan a los usuarios.

Esta recomendación se ve completada con una conminación a que se recorten los dividendos a un máximo del 8% neto o a una cantidad en la que los fondos distribuibles a los accionistas por este concepto no superen el obtenido por las ampliaciones de capital que decidan las distintas empresas. Una segunda condición, para poder distribuir libremente el dividendo, es que el endeudamiento neto de las empresas no supere a las inversiones a realizar en el ejercicio. Según fuentes solventes, ninguna compañía cumple actualmente estos dos requisitos, lo que hace inevitable el recorte del dividendo entre las grandes empresas del sector en el periodo de vigencia de esta normativa, que se limita al 31 de diciembre de 1984. La duda se plantea en lo que harán algunas empresas como Iberduero, que ya ha anunciado un dividendo neto del 8,5% para este año.

La filosofía de esta nueva ordenación del sector eléctrico está contenida, a grandes rasgos, en el Real Decreto 774/1984 sobre incremento de tarifas eléctricas, que apareció publicado en el BOE el pasado Jueves Santo. En el mencionado decreto, el Ministerio de Industria establece, en sus artículos segundo y quinto, las bases para que se destinen un 2,8% y un 3,9% de los ingresos totales por venta de energía eléctrica a unos fines así descritos: "atender las obligaciones económicas correspondientes a centrales nucleares no incluidas en el Plan Energético Nacional" y ( ... ) "al programa financiero de las empresas eléctricas".

Asimismo, el artículo sexto del mencionado decreto contempla el establecimiento de un nuevo sistema de compensaciones que incluya, además de los costes variables de producción de energía eléctrica (es decir, los derivados de la producción en sí, como el combustible, etcétera), también los fijos, es decir aquellos resultantes de la construcción y financiación de las instalaciones de producción. La entrada en vigor del nuevo sistema es inmediata, a partir de la aparición del decreto en el BOE, pese a que el nuevo sistema está aún en fase intensa de negociación entre el ministerio y las empresas eléctricas.

Régimen de compensaciones

En una de las tres órdenes ministeriales aún pendientes de publicar, el ministerio creará un denominado régimen de carácter general para aplicación de estos ingresos sometidos al porcentaje del 2,8% de los ingresos globales por ventas. Este régimen, según se anticipó, se hará en base a los programas financieros o de viabilidad que cada empresa del sector deberá someter voluntariamente a la aprobación del ministerio antes del 30 de julio próximo. Si una empresa prefiere no acogerse a este plan, se verá privada de ese fondo del 2,8% de los ingresos por venta, que el ministerio podrá utilizar en beneficio de la empresa mencionada o de otras que el mismo libremente determine. En el mencionado programa de viabilidad, cada empresa deberá fijar su posición financiera, su programa de inversiones, su política de reparto de dividendo, y un largo etcétera de conceptos contables que prácticamente desnudan a cada sociedad. Asimismo, cada empresa deberá presentar auditados externamente sus estados financieros de 1984.

Las decisiones ministeriales, pese a que han sido habladas con el sector, han levantado ampollas en algunas empresas (las deficitarias de energía), especialmente en lo que respecta al capítulo de las compensaciones. Aún sin definir de una manera precisa, el nuevo sistema de compensaciones supondrá importantes variaciones en los ingresos por ventas de algunas empresas, con el consiguiente efecto en sus cuentas de resultados. Es de prever que este mayor ingreso o disminución de ingresos por ventas fuerce a algunas compañías a complicados procesos de ventas de activos o de participaciones accionariales, bien en las propias empresas, bien en instalaciones concretas.

Con todo ello se habrá conseguido, en opinión de algunos expertos, una significativa reordenación del sector eléctrico y de sus empresas que, aparte de garantizar la viabilidad de cada una de las compañías y de todo el sector, según airea el Ministerio de Industria, supondrá también una importante transformación de la estructura de gestión y decisión de las actuales sociedades, como argumentan algunos presidentes de las sociedades.