Garaikoetxea recurrirá su nombramiento por ir refrendado por Felipe González
El presidente del Gobierno vasco, Carlos Garaikoetxea, anunció ayer en el acto de toma de posesión de los miembros de su Gabinete que su primera actuación como lendakari será presentar recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de su nombramiento, que salió publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, por llevar el refrendo del presidente del Gobierno central y no el del presidente del Parlamento vasco.
Los consejeros vascos juraron ayer su cargo sobre la Biblia, con una fórmula diferente a la establecida en un decreto de 5 de abril de 1979 que no recoge, como se hace en ella, la "lealtad al Rey" y el compromiso de "guardar y hacer guardar la Constitución".La toma de posesión del nuevo Gobierno autónomo de Euskadi estuvo envuelta en una tensión con el de Madrid similar al de la pasada legislatura y poco acorde con el clima dialogante que tanto Felipe González como Carlos Garaikoetxea anunciaban para el futuro.
El refrendo por el presidente del Gobierno del decreto de nombramiento de Carlos Garaikoetxea ha sido, junto a la fórmula de juramento utilizada por los nuevos consejeros, la última batalla de una guerra formal iniciada en el mismo acto de investidura por el lendakari. En esa ocasión se le recriminó al candidato electo que jurara su cargo ante el Parlamento vasco sin esperar a la publicación de su nombramiento en el BOE con la sanción real, y además la utilización de una fórmula de juramento en la que no se mencionaba expresamente el acatamiento de la Constitución.
El Ejecutivo vasco fundamenta su recurso contra el decreto de nombramiento de Garaikoetxea en que no se respeta lo establecido en la ley de Gobierno de Euskadi de que sea el presidente del Parlamento el que refrende el nombramiento efectuado por el Rey. El que refrenda el decreto es el presidente del Gobierno, como ha sucedido en todos los casos con los presidentes de las comunidades autónomas, en aplicación del artículo 64 de la Constitución. El Ejecutivo vasco reconoce el precepto constitucional, pero entiende que sólo se refiere al nombramiento de los cargos de los órganos generales del Estado, pero no a los de las comunidades autónomas.
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