El candidato socialista Bricall anuncia que va a querellarse contra Jordi Pujol por injurias

Josep Maria Bricall, candidato número tres en las listas del PSOE para el Parlamento de Cataluña, ha decidido interponer querella contra el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, por presuntas injurias y calumnias, según declaró a este diario el propio denunciante. El candidato del PSOE se basa en que el presidente catalán manifestó el pasado sábado en Manresa que el economista Bricall es uno de los principales beneficiarios de los 933 millones de pesetas destinados por la Generalitat en 1981, 1982, 1983 a estudios y dictámenes, de los que éste, al parecer, recibió 79 millones de pesetas.

Fuentes de el partido de Pujol, aseguraron ayer, utilizando datos del Gobierno de la Generalitat, que, según un primer recuento el candidato socialista recibió a través del Centro de Estudios y Planificación (CEP), al que está vinculado, más de 50 millones de pesetas.Por su parte, Josep María Bricall señaló también ayer, mediante un comunicado, que las últimas referencias hechas por el señor Pujol a mi persona en los mítines desbordan ampliamente las medidas razonables de los ataques políticos y la campaña electoral para entrar en un terreno personal". "No se trata solamente de una mentira flagrante", añadió, "sino de que me imputa una actividad delictiva por cuanto no he declarado fiscalmente unos ingresos que no he recibido". "Por todo ello", dice Bricall, "he decidido interponer una querella por delito de injurias y calumnias contra el señor Jordi Pujol, y he encargado su tramitación al catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Gonzalo Quintero".

El candidato socialista indicó que no ha recibido ninguna subvención o encargo para realizar estudio alguno, "ni en el período de la Generalitat provisional", de la que fue conseller de Gobernación, "ni en los cuatro años en que Pujol ha asumido la presidencia de la institución autonómica". Este último extremo fue objeto de un comunicado en el que Bricall y el socialista Josep Lluís Sureda -a quien algunas informaciones de Convergéncia también vinculaban con el cobro de esas minutas- declaraban que "es falso que bajo la presidencia de Jordi Pujol nos hayan encargado trabajos".

"Por tanto", decían, "no hemos cobrado ninguna de las minutas millonarias de la Generalitat a que se refiere la información, ni en pago a cualesquiera otros servicios políticos". Bricall y Sureda añadieron que quienes en CiU (Convergéncia y Unió, la coalición que respalda a Pujol) afírman lo contrario "hacen uso, una vez más, de la mentira deliberada con objeto de confundir a la opinión pública".

La polémica sobre el destino de las partidas dedicadas a estudios y dictámenes se reavivó con la publicación, el pasado 13 de abril, en el semanario catalán El Món, de un informe que señalaba que unos 100 millones, de los 933.952.232 pesetas que la Generalitat había destinado a estos fines, han sido repartidos entre Centristas de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), como pago al apoyo parlamentario de éstos.

En diferentes ocasiones el PSC-PSOE y los comunistas del PSUC habían solicitado explicaciones al Ejecutivo convergente sobre estas partidas presupuestarias. En los debates que se desarrollaron para la aprobación de los Presupuestos de 1983, ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) introdujo una enmienda por la que se hace necesaria la aprobación del Consejo

Ejecutivo para los dictámenes cuya renumeración supere el millón de pesetas.

Operación de financiación

Según la informacion aparecida en el citado semanario, Heribert Barrera era uno de los encargados de "repartir juego" entre un reducido núcleo de militantes de ERC que participaba en la operación. El importe de los trabajos, una vez realizados, se ingresaba en una cuenta corriente nominativa abierta en la Caja de Barcelona por el propio Barrera.La pasada semana, Esquerra Republicana de Catalunya solicitó al Gobierno de la Generalitat que se hiciera pública la relación de personas que han intervenido en la redacción de los estudios desde el restablecimiento de la Generalitat en 1977.