El Gobierno retira de la patronal CEOE a los astilleros públicos

El Gobierno ha decidido dar de baja en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a las empresas públicas de construcción naval, en la que estaban integradas a través de la patronal Construnaves, según declaró ayer el responsable de la división naval del INI, Pedro Sancho.

La decisión de segregar las empresas públicas de la CEOE, defendida desde hace años por amplios sectores del PSOE en los que se incluye alguno de los actuales ministros, entre ellos el titular de Transportes y Comunicaciones, Enrique Barón, puede provocar una difícil situación financiera a la patronal privada española. La viabilidad de la actual CEOE, sostenida fundamentalmente por las aportaciones del sector público y la banca, puede quedar comprometida si otros grupos de empresas estatales siguen el ejemplo de los astilleros.El abandono de la CEOE por parte de las empresas de construcción naval, que sufragaban las tres cuartas partes del presupuesto de la patronal Construnaves (unos 200 millones de pesetas anuales), se produce en vísperas de la sustitución de Carlos Ferrer como presidente de la organización empresarial y ocho meses antes del Congreso del PSOE.

El Gobierno, que hasta ahora no había tomado ninguna decisión sobre este tema, se vio desbordado hace unos meses, en unas jornadas empresariales organizadas por la Secretaría Federal de Estudios y Programas del PSOE, por las posturas de representantes autonómicos. En la citada reunión se aprobó la supresión de "las subvenciones que la CEOE percibe del Estado a través de la cotización de las empresas públicas o el INI". Enrique Barón, por su parte, sostiene que no es bueno "financiar con dineros públicos a organizaciones privadas que toman partido a favor o en contra de opciones políticas".

Pedro Sancho ha justificado su decisión de retirar las empresas públicas de la patronal por la actuación de Construnaves: excesivos gastos e inflación de personal, cobro de comisiones y control de la organización por los empresarios privados, que sólo representan un 25% del sector. Este control se utiliza para interferir operaciones del INI, según Pedro Sancho.

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