La Comunidad se quedará este año sin fondos para hacer frente a sus pagos

Los más pesimistas dicen que en junio; los menos, que en septiembre. Los optimistas lo alargan hasta diciembre. Pero los medios comunitarios indican casi todos que la CEE se quedará sin fondos para pagar sus compromisos este año, por primera vez en su historia. A diferencia de 1983, en 1984 se habrá llegado al techo máximo de gastos previsto por los tratados en vigor. No hay dinero. Y no lo habrá si no se soluciona la cuestión británica.Las finanzas del presupuesto de la CEE se nutren de un punto como máximo de la base imponible del IVA (impuesto sobre el valor añadido) de los diez, de los aranceles industriales y agrícolas y de tasas azucareras. Legalmente, los diez no pueden dar más a la CEE. La parte del IVA era la única flexible, pero ha tocado techo. De los recursos legales sólo quedan, en el presupuesto para 1984,43 millones de ECU (5.600 millones de pesetas) libres. No basta para cubrir el agujero previsto de 2.000 millones o 2.500 millones de ECU (unidad de cuenta europea).

Si hubiera un acuerdo global sobre la reforma interna de la CEE y los nuevos recursos propios, el problema sería menor. Aunque estos nuevos recursos requerirían una ratificación en los Parlamentos nacionales de los diez -proceso que duraría un año-, no sería difícil encontrar una fórmula ad hoc para 1984 y 1985, posiblemente retrasando la CEE pagos que adelantarían los Estados. Pero en caso de bloqueo de la reforma, las soluciones serían más drásticas.

La Comisión Europea podría recurrir a pedir directamente más dinero a los Estados miembros. Para ello sería necesaria la unanimidad de los diez, pero, según el Tratado de Roma, ésta sería imposible si no se hubiera solucionado el problema de la contribución británica. Londres puede jugar a la crisis financiera, con el tiempo a su favor.

La Comisión -que ya ha indicado sus intenciones en caso de que el acuerdo global se retrase- podría revisar el presupuesto para 1984. No aumentándolo, pues no hay fondos, sino redistribuyendo las diferentes partidas. Los gastos agrícolas, que se llevan un 60% del presupuesto, son obligatorios.

La Comisión se vería, pues, obligada a solicitar un recorte en los fondos sociales o regionales, con tremendas consecuencias políticas. La confrontación con el Parlamento Europeo, en año de elecciones, sería directa. La Comisión podría asimismo elegir hacer pagar más a los agricultores por sus excedentes, pero para ello necesitaría también el acuerdo de los diez.