UCD negó fondos para que se investigaran las querellas de la izquierda contra RTVE
El Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD) presidido por Leopoldo Calvo Sotelo denegó, en 1982, los fondos para que se realizara una peritación ordenada por el Tribunal Supremo en la querella presentada por el PSOE y PCE por supuesta malversación de fondos y apropiación indebida contra varios altos cargos de Radiotelevisión Española (RTVE), y uno de cuyos firmantes es el actual presidente del Gobierno, Felipe González.Esta medida paralizó la decisión del alto Tribunal sobre el procesamiento de los ex directores generales Rafael Ansón y Fernando Arias Salgado, el ex director de administración y finanzas Francisco López Arenosa, fallecido a causa de una leucemia el pasado año, y el ex subdirector general para la gestión económica administrativa, Ignacio Martínez Echevarría.
El crédito solicitado por el juez especial delegado del Tribunal Supremo para el caso, Clemente Auger, para financiar las peritaciones, fue denegado por el Gobierno de UCD, por lo que, al no haber fondos, la instrucción de la causa quedó paralizada.
El magistrado volvió a solicitar los fondos necesarios al acceder el PSOE al poder. El ministerio de Justicia realizó gestiones para que Hacienda adelantara el dinero. El crédito, por valor de aproximadamente 2,5 millones de pesetas, estuvo disponible en el Banco de España a nombre del juzgado en las pasadas navidades.
La prueba pericial solicitada por el PCE y ordenada por el Supremo, consistente en una auditoria cuantificada y seguida de RTVE y para lo que ha sido necesario el alquiler de ordenadores durante más de siete meses, está a punto de concluir. Están pendientes los informes de los censores jurados sobre el extracto de una cuenta de RTVE en el Banco Español de Crédito, y del Tribunal de Cuentas sobre las contabilidades de televisión durante los mandatos de Rafael Ansón y Arias Salgado.
Una vez agotada la investigación, el juez elevará nuevamente las actuaciones al Tribunal Supremo para que resuelva sobre el procesamiento de los tres altos cargos citados. La querella del PSOE, a pesar de ser el partido del Gobierno, se mantiene, y Felipe González continúa figurando como primer firmante de la misma.
