Altos cargos de los ministerios de Interior y Justicia buscarán hoy la unificación de criterios sobre seguridad ciudadana

La cumbre que hoy celebrarán altos cargos de la Administración relacionados con la justicia y la seguridad ciudadana, encabezados por los titulares de los departamentos de Justicia, Fernando Ledesma, e Interior, José Barrionuevo, no cancela la celebración de una próxima reunión gubernamental más amplia sobre esta materia, según informaron ayer a este periódico fuentes solventes. El objetivo de la cumbre de hoy es concretar, previamente a la reunión del Gabinete, las medidas a adoptar y concordar los criterios que recientemente han enfrentado a los respectivos equipos ministeriales, en especial sobre la aplicación de la reforma legal relativa a la libertad provisional, que va a ser revisada.

Entre los altos cargos jurídicos y policiales que asistirán a la cumbre de hoy en un hotel madrileño, está prevista la presencia del fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón, y de los fiscales jefes de las audiencias territoriales de Albacete, Asturias, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cáceres, La Coruña, Granada, Las Palmas, Madrid, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza; los gobernadores civiles de estas provincias, así como los gobernadores civiles de Guipúzcoa y Tenerife, y otros altos responsables de la policía y de la Guardia Civil.La utilidad de una reunión estructurada así en cuanto a algunos de sus principales asistentes es, según fuentes oficiosas, intercambiar las experiencias respectivas sobre la aplicación realizada de la legislación vigente y de las recientes reformas parciales en materia penal y procesal y su repercusión en la seguridad ciudadana. Con el soporte de este intercambio de experiencias y el contraste con la intención del Gobierno al acomete las reformas -las mismas fuentes atribuyen gran valor a la presencia de Fernando Ledesma, para explicar la necesidad constitucional de adaptar la legislación represiva a nuestra Constitución-, se tratará de clarificar el alcance de las mismas y obtener una aplicación uniforme que contribuya a mejorar e nivel de la deteriorada seguridad ciudadana.

La reforma de la reforma

Precisamente en el origen del enrarecimiento de las relaciones entre Interior y Justicia, al margen de los diplomáticos desmentidos oficiales, se encuentra la relación de causa a efecto establecida por los responsables de Interior entre la reforma parcial de los artículos 503 y 504 de la ley de Enjuiciamiento Criminal y el incremento de la inseguridad ciudadana observado en los últimos meses. La reacción del titular de Justicia, al atribuir parte de la responsabilidad citada a la incorrecta aplicación judicial de aquellas reformas, le proporcionó un nuevo frente de contestación por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura y del propio Consejo General del Poder Judicial.

Para clarificar por vía legislativa el alcance de las normas sobre prisión provisional, el Ministerio de Justicia ha remitido al citado Consejo General, para su preceptivo informe previo, un anteproyecto de ley que reforma de nuevo los artículos 503 y 504 de la mencionada ley procesal penal. La facultad que se atribuía al juez para que decretara la prisión provisional hasta que se señalara la fianza -y que en numerosos casos condujo a la puesta en libertad del presunto delincuente- ha sido sustituida por la alternativa en que se situará al juez para que decrete la prisión provisional o la libertad condicional con fianza.

Junto a esto se introduce una reforma más profunda. El tope actual para decretar la prisión provisional está establecido en aquellos delitos a los que corresponda prisión menor -de seis meses a seis años de cárcel-, y ahora se trata de rebajar, admitiendo la prisión provisional para aquellos delitos que tengan señalada la pena de prisión menor o inferior, si el juez lo considera necesario, atendidas las circunstancias del hecho y los antecedentes del imputado.