La CEE quiere que España continúe con el sistema de licencias de pesca hasta 1992

"El consumo de pescado por habitante en España es de los más elevados del mundo (30 kilogramos por año)". Esta parece ser la raíz del problema, que aparece en una frase disimulada en la versión definitiva de la declaración sobre el capítulo pesquero de la Comisión Europea. En ella se pide que España pesque hasta el 31 de diciembre de 1992 con un sistema de licencias en aguas comunitarias -sin por ello pescar más que ahora-, que abra en cinco años su mercado a los productos pesqueros de la Comunidad Económica Europea, y que suprima sus empresas mixtas con terceros países, que representan una cuarta parte de la pesca española.

Esta declaración ha sido fuerteniente inspirada por la parte francesa de la Comisión Europea y ha de pasar ahora al Consejo de Ministros de la CEE, que la reelaborará para presentar una postura clefinitiva de los diez a España, posiblemente el 10 de abril.El sistema de licencias -como el que rige en la actualidad para España en aguas comunitarias- no se aplica a los Estados miemtiros de la CEE, pero la Comisión propone durante seis años tanto para la pesca española en aguas de los diez como, para equilibrar la presentación, para la pesca de éstos en aguas españolas. España podrá fijar una banda costera propia de 12 millas. El resto se integrará en el acervo comunitario. Pero respecto a las pretensiones españolas de conservar sus derechos históricos de pesca en las 12 millas francesas, tal como estaban antes del nacimiento de la política pesquera de la CEE, la Comisión dice que entran "en conflicto con el acervo comunitario".

Si bien "España dispondrá de posibilidades de pesca en aguas de los diez", el nivel de esta pesca "se fijará sobre la situación existente durante el período inmediatamente precedente a la adhesión". Es decir, no más que ahora, pues se rompería el equilibrio reinante. La Comisión insiste en incluir Canarias, Ceuta y Melilla en la política pesquera de la CEE, dada la importancia, sobre todo del archipiélago, en la economía general del sector. La Comisión considera asimismo que España no se verá compensada por las posibilidades de pesca que pierda en terceros países antes de la adhesión. Sólo un 10% del total de la pesca española viene de la CEE, y un 60% de países terceros.

Las empresas mixtas con terceros países -pesca bajo otro pabellón-, que viven gracias al apoyo de las ayudas nacionales y las contrapartidas económicas que ofrecen, deberán ser desmanteladas "en un corto período de transición", al negarse la CEE a estas ayudas y contrapartidas económicas. Este sistema viene a representar una cuarta parte de la pesca española de las principales especies.

Integración de precios

La CEE sustituirá a España en las convenciones multinacionales de pesca. España no podrá concluir nuevos acuerdos bilaterales con países terceros de aquí a la adhesión sin coordinarlos antes con la Comunidad. En cuanto a los ya existentes, tras la adhesión, la CEE asegurará su gestión para integrarlos en el marco de los acuerdos de la Comunidad. Pero dado que en su mayor parte España ofreció compensaciones financieras a los países firmantes, esto plantea un grave problema financiero, teniendo en cuenta que la CEE sólo firma acuerdos sobre la base de reciprocidad de pesca.La integración de los precios españoles al sistema comunitario se hará, según esta propuesta, en un período de cinco años como máximo. Este es el mismo plazo que regirá para la eliminación de los aranceles al comercio de pescado entre España y la CEE. Desde la adhesión, España renunciará a su esquerna de tasas compensatorias variables para la importación de productos de la pesca. Se prevé, sin embargo, un sistema de contigentes a la importación en España, durante este período, de algunos productos como la merluza. Pero España deberá suprimir desde la adhesión el sistema de licencias a la importación.

España tendrá acceso a las ayudas de los fondos comunitarios para el. sector, pero tendrá que suprimir, desde la adhesión, las ayudas nacionales españolas incompatibles con el sistema de la CEE, a saber, ayudas a la exportación, a los precios y a la creación y funcionamiento de las empresas mixtas.

La Comisión pide, además, coordinación entre los planes de reestructuración españoles y comunitarios. Pero recuerda que la aplicación por la CEE de un régimen más favorable de intervención en el mercado se debe a subdesarrollos regionales "y no a razones propias del sector de la pesca", en contra de lo que había pedido España.