Los investigadores del CSIC piden que la 'ley de la ciencia' potencie la coordinación

La aprobación de una ley sobre la investigación científica que potencie la coordinación entre los diversos organismos, y sea adecuada a la nueva estructura del Estado de las autonomías, es considerada urgente por la Asociación de Personal Investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ha realizado una crítica al borrador del proyecto de ley de la ciencia que fue dado recientemente a conocer de forma no oficial.

Tras esta filtración, la redacción del proyecto de ley se encuentra pendiente de la consulta con los ministerios de los que dependen organismos públicos de investigación, después de que el ministro de Educación y Ciencia, José María Maravall, hiciera una exposición de las líneas generales en un reciente Consejo de Ministros.El sistema científico técnico que establezca la ley deberá ser poco complejo y muy ágil, opina la Asociación de Personal Investigador del CSIC, la única de este tipo existente en España. Los investigadores propugnan la creación de sólo dos órganos colegiados independientes, uno de primer nivel, dependiente directamente del presidente del Gobierno, y otro de segundo nivel, para promoción, financiación y coordinación. En este último se integrarían todos los fondos que financien investigación y desarrollo tecnológico, ya que opinan los investigadores que es peligroso, por ineficaz, que cada ministerio cree, dote y distribuya sus propios fondos.

Estatuto único

En este mismo sentido, los investigadores hacen notar la falta de eficacia de una ley que sólo cite a determinados organismos públicos de investigación, como puede ser el CSIC, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, y no a otros, como la Junta de Energía Nuclear, dependiente del Ministerio de Industria y Energía, o el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, dependiente del Ministerio de Agricultura.Para Rafael Rodríguez, presidente de la citada asociación, la preocupación más importante que tienen los científicos que trabajan en la actualidad en organismos públicos es la consecución de un estatuto único del personal investigador, que permita la movilidad entre todos los centros dependientes del Gobierno central o de los distintos gobiernos autonómicos. Esta movilidad estaría encuadrada en una estructura poco burocratizada, donde se pudieran hacer contratos laborales para investigadores españoles y extranjeros, y dentro de una planificación a muy largo plazo.

Una medida transitoria de rejuvenecimiento y ampliación de las plantillas de los actuales organismos públicos de investigación es considerada asimismo muy urgente. El número de investigadores en el sector público es de 26 por cada 10.000 habitantes, mientras que en Francia, por ejemplo, es de 136 por cada 10.000 habitantes.