La amenaza del local público

EL ACCIDENTE del domingo pasado en el estadio Lluís Sitjar, de Palma de Mallorca, podría alinearse en ese tipo de siniestros que se registran de cuando en cuando en los países tercermundistas, donde de su propio caos político y económico parece esperable la ausencia de una mínima atención a la seguridad de los locales públicos. Efectivamente, el desmoronamiento de una balaustrada construida apenas el pasado agosto evoca por sí sola esos mundos paupérrimos donde ni existen los materiales adecuados para realizar la obra, ni a cargo de la misma se encuentra un personal con la cualificación adecuada, ni existe, finalmente, la fiscalización oficial necesaria sobre algo que puede poner en peligro la vida de cientos de espectadores.Desdichadamente, los españoles, alertados por los repetidos accidentes de esta clase, algunos tan recientes y trágicos como el de la discoteca Alcalá 20, no pueden considerar ya las decenas de heridos en el Lluís Sitjar como un hecho insólito. Lamentablemente, a estas alturas, la asistencia a un lugar público está teñida de una psicosis de siniestralidad que sólo se mitigará poco a poco y en proporción a la severidad de las exigencias gubernativas, la estricta investigación y la enérgica depuración de responsabilidades.

Durante años se han venido quizá atribuyendo demasiadas desgracias de esta especie a los efectos del azar o de la fatalidad. Carentes de una conciencia ciudadana capaz de exigir hasta el fin y de un sistema político capaz de propiciar el cumplimiento de la ley sin atención a resguardos políticos o económicos, los españoles han pasado, entre la resignación o la rabia silenciosa, por un ancho surtido de atentados a partir de la negligencia pública. Hora es ya, desde luego, de que hechos como el de la tarde del domingo en Mallorca, asociables a las peores noticias sobre las muertes evitables, dejen de censarse en un país que ha superado con creces la barrera de la indigencia. No acabar con esta lacra proveniente de la relativa seguridad en los locales y obras públicos, no tratar con el máximo rigor legal a sus responsables y no disponer de todas las medidas precisas para evitar su repetición, sería una de las significativas formas de dejación de la moralización y modernización social que se propusieron los socialistas. Éste es un desafío colectivo todavía pendiente de una respuesta satisfactoria. Por el momento, y con el desmoronamiento de ese murete en el Lluís Sitjar, es también una parte más de la tranquilidad ciudadana la que se deteriora.