El Gobierno autónomo rechaza hacerse cargo de las competencias en materia de vivienda

El gobierno autónomo de Canarias se niega a recibir, en las condiciones que establece la Administración central, la transferencia de vivienda. El Archipiélago figura a la cabeza de las regiones infradotadas del país en dicha materia, con un déficit de 24.467 viviendas.La congelación voluntaria por parte de la comunidad autónoma del traspaso de dicha competencia obedece a que en el mismo se incluye el Polígono del Rosario, una superficie de alrededor de 400 hectáreas ocupada por 10 barrios de edificiaciones autoconstruidas y clandestinas, en los que viven cerca de 25.000 habitantes, que ha sido motivo de fuertes tensiones en los últimos 11 años.

La consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del ejecutivo autónomo socialista considera que si la misma asume el polígono su presupuesto de inversiones de este año, 2.900 millones de pesetas, sería completamente consumido y su política de construcción de viviendas sociales quedaría hipotecada.

El Polígono del Rosario, enclave urbanístico que se encuentra emplazado en la frontera entre la capital de la isla, Santa Cruz de Tenerife, y la segunda ciudad de la provincia, La Laguna, ha sido, a través de los últimos 20 años, el refugio desesperado de los inmigrantes canarios.

La puesta en marcha de un polígono de actuación en la zona, en los años sesenta, por el Ministerio de Vivienda de aquel entonces, para facilitar la expansión de Santa Cruz, provocó una sucesión de errores técnicos y conflictos de los vecinos con la Administración, que obligaron, finalmente, a la firma de un convenio entre el Gobierno central y los afectados, el cual representa un elevado desembolso económico.

El gobierno autónomo rehúsa esta competencia por considerar que se trata de una deuda contraida por la Administración con anterioridad a la creación del estado de las autonomías.

Recientemente el gobierno autónomo de Aragón, regido por el PSOE, rechazó una proposición de ley de la oposición en la que se pedía el traspaso de competencias plenas en materia de Educación, alegando que era prematuro hacerse con el control de una parcela de difícil administración.