La ocasion perdida de Felipe González

No me parece riguroso lanzar unos cuantos mensajes genéricos sobre la reconversión industrial como hizo el presidente del Gobierno en su reciente intervención televisada, desligándolos de la situación y de la política económica concreta, pues de esa manera se escamotea ante los españoles el problema de fondo. Porque la cuestión es que el Gobierno no tiene como eje de su política la creación de empleo -ya ni tan siquiera se menciona el compromiso de los 800.000 o de los 690.000 puestos de trabajo-. Si la política del Gobierno tuviese ese objetivo no podría afirmarse en verdad, como hizo Felipe González, que en el año 1983 se ha mejorado, cuando se han perdido más de 200.000 puestos de trabajo y hemos empezado el año 1984 con 90.000 parados más.Nadie niega que las reservas de divisas y la balanza de pagos mejoren, que la inflación descienda. Pero ¿a qué precio? ¿Se puedejuzgar una política económica, desde una óptica de progreso, yo diría, incluso humana, por el resultado de la balanza de pagos, por importante que éste sea, o más bien por su capacidad para ir resolviendo el paro? En este sentido, que es el que más importa a los españoles, las medidas del Gobierno están fracasando.

El año 1983 no ha sido mejor para la mayoría de los españoles, entre otras razones porque no es cierto que los sacrificios se estén repartiendo con equidad. Los sueldos, salarios y pensiones han sido fijados por el Gobierno en un 6,5% para este año, mientras la inflación cabalga sobre el 12% y nadie cree en estos momentos que para finales de 1984 vaya a quedar en un 8%. Éste ha sido, entre paréntesis, uno de los más graves errores del Gobierno, pues ha dificultado un acuerdo entre las fuerzas sociales y ha endurecido, inútilmente, la negociación de los convenios colectivos.

De otro lado, todo el mundo ha podido comprobar que los grandes bancos han obtenido este año los beneficios más altos de la última década. ¿Puede decirse realmente que los sacrificios se están repartiendo equitativamente entre los trabaadojares, los pensionistas y los grandes patronos y los banqueros? No puede haber reparto de sacrificios mientras -como reconoce el secretario de Estado de Hacienda- el impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) lo paguen sobre todo los asalariados y subsistan insondables bolsas de fraude fiscal.

Mensaje maniqueo

Es difícil creer que el Gobierno está dispuesto a practicar una política de solidaridad, mientras la esencia de su política económica sea la recuperación del excedente o beneficio empresarial sin más. Los grandes empresarios no invierten en crear empleo sino, entre otras cosas, en pagar 100.000 millones de pesetas en 1983 en indemnizaciones por despido; las pymes, por el contrario, que deberían convertirse en la gran fuente de creación de empleo no encuentran apoyo, agarrotadas por los altos tipos de interés de la banca. La solidaridad no puede consistir en el sacrificio de los asalariados con los parados y de éstos entre sí.

Nadie discute que España necesita reconvertir su industria -y no sólo su industria-, para no perder el tren de la revolución tecnológica. Pero de ahí a lanzar el mensaje maniqueo de que aquellos que se están oponiendo a esta política se niegan a la modernización de España va un abismo. Precisamente porque no queremos perder ese tren es por lo que nos oponemos a esta política económica. En España no se está reconvirtiendo la industria y mucho menos reindustrializando el país sobre bases más modernas. Se está simplemente ajustando las plantillas a la baja, sin tocar el aparato productivo obsoleto. Con lo cual, dentro de poco tiempo, sobrará de nuevo gente en las empresas "reconvertidas". Sanear no es dejar gente en la calle, simplemente, sin mayor esfuerzo de imaginación empresarial o de gestión. Sanear supone renovar el utillaje, modificar los métodos de gestión, sacar nuevos modelos y productos, abrir nuevos mercados. Significa, en una palabra, aumentar la productividad, desarrollar las fuerzas productivas. Y eso no se está haciendo. Entre otras razones, porque la experiencia de otros países y del nuestro indican que no es posible hacerlo sin el acuerdo de los sindicatos.

No creo que sea necesario recordar que España perdió el tren de la revolución industrial por la incapacidad de su burguesía para hacer las transformaciones que España necesitaba en aquel momento. Y ésta es una rémora que seguimos arrastrando. Mas ahora podemos volver a perder el reto de la nueva revolución de la ciencia y de la técnica si desde un Gobierno de la izquierda se hace la política de la derecha, integrada, como un hecho natural, en las coordenadas del monetarismo; si no comprendemos que para que España enganche de una vez con dicha revolución hay que abordar reformas de fondo de nuestras estructuras anticuadas, en la agricultura, en el sistema tributario y en el financiero, en las administraciones públicas. Y todo ello en el marco de una planificacíón democrática que contempla nuestra Constitución y que de momento permanece inédita.

Una salida de progreso

A fin de cuentas lo que está en juego es si, desde un Gobierno de izquierda, se camina hacia una recomposición del sistema a costa de los trabajadores y demás capas populares, sin modificar en nada sus bases. O, por el contrario, si se abre paso una salida de progreso a la crisis, lo que supone abordar reformas de estructura, la transformación y el desarrollo del sector público, así como un mayor protagonismo de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales. Es impensable enganchar con la nueva revolución de la ciencia y de la técnica favoreciendo a las fuerzas sociales más viejas y conservadoras de la sociedad y marginando a las más dinámicas y emprendedoras que se encuentran entre los trabajadores, las fuerzas de la cultura y algunos sectores empresariales. Por el camino que vamos es de temer que al final de la legislatura los trabajadores y sindicatos sean más débiles, mientras terratenientes, banqueros, rentistas, multinacionales y monopolios hayan acrecentado su poder. No creo que éstas sean las fuerzas sobre las que haya que apoyarse para dar a España un futuro de progreso, de democracia y de modernidad.

En el mensaje televisado, el presidente habló de diálogo y de negociación con todos. No otra cosa venirnos solicitando desde hace tiempo los comunistas. Mas nos preocupa sobremanera que los límites de dicho diálogo y negociación los condicionara una vez más a la afirmación de no querer modificar su actual política económica. Democracia significa también transacción y consensos amplios para gobernar. Y esto hay que hacerlo a través de los cauces de participación que los ciudadanos tienen en la democracia, es decir los partidos, los sindicatos, las Cortes y demás instituciones representativas. No sería bueno caer en el vértigo de tantos gobernantes españoles y extranjeros que, ante las dificultades, pretenden establecer un diálogo o relación directa con la "mayoría silenciosa", operación que tiene el riesgo de deslizar a los Gobiernos, a veces inconscientemente, hacia posturas presidencialistas o autoritarias.

El PCE está abierta y claramente por la negociación de los grandes problemas que aquejan a nuestro país, contribuyendo, dentro de sus posibilidades, a que ésta pueda darse en las mejores condiciones. Negociación en términos claros y precisos, sin imposiciones previas y con el fin de sacar a España de la crisis económica. De la aparición televisiva de Felipe González no se desprende en qué términos, ni con quién ni sobre qué está dispuesto el Gobierno a dialogar o negociar. Sería interesante que se clarificasen lo antes posible estos aspectos.

Gerardo Iglesias Argüelles es secretario general del Partido Comunista de España.