El Gobierno de Francia renuncia a integrar la enseñanza privada en la estatal

El Gobierno francés ha renunciado a integrar la enseñanza privada en la pública, y ha optado finalmente por una armonización de los dos sistemas, a riesgo de dejar insatisfechos tanto a los defensores de la escuela laica como a los partidarios de la privada. Alain Savary, ministro de Educación, que ha multiplicado desde hace más de un año las reuniones para lograr un acuerdo, particularmente con la Iglesia católica, hizo públicas anoche las decisiones gubernamentales que deberán traducirse en un proyecto de ley a mediados de abril.

El proyecto concierne a las escuelas privadas financiadas por el Estado, sistema al que están acogidas en su casi totalidad y que cuentan con 120.000 profesores. La Iglesia católica controla el 92% de estos centros. El proyecto gubernamental respeta dos puntos: la elección de los padres entre escuela privada o laica, y el mantenimiento de la autonomía total para los establecimientos privados, tanto en lo administrativo como en lo financiero. En contrapartida, la enseñanza privada verá alineado su estatuto con el de la pública en lo que concierne al reparto de créditos estatales, inscritos cada año en la ley de Presupuestos, en función de las necesidades escolares de la región, en tanto que anteriormente podía abrir libremente clases o escuelas donde le parecía conveniente.En razón de la ley de descentralización administrativa, votada poco después de la llegada de la izquierda al poder en Francia, las regiones, departamentos y comunas continuarán participando en la financiación de los centros privados, pero con un nuevo modo de reparto.

El estatuto de los profesores del sector privado, principal escollo en las negociaciones entre la jerarquía católica y el Gobierno, ha sido objeto de un compromiso. Los profesores de la enseñanza privada se beneficiarán de un estatuto especial unificado, y los más cualificados podrán optar al cabo del período de prueba de seis años por la titulación que les dará acceso a la función pública (actualmente no hay más de 800 funcionarios en la privada).

Este último punto puede acarrear reacciones por parte de los partidarios de un gran servicio público, laico y unificado de la educación nacional.