Jueces por la Democracia, critica un expediente a 5 magistrados
El secretariado de Jueces para la Democracia, corriente progresista de más de 70 magistrados integrada dentro de la Asociación Profesional de la Magistratura, ha difundido un comunicado en el que manifiesta su "extrañeza y su profunda preocupación" ante el expediente disciplinario incoado por el Consejo General del Poder Judicial, que preside Federico Carlos Sainz de Robles, a la Junta de Jueces de San Sebastián por haber criticado el proyecto de ley de hábeas corpus. Tres de los cinco magistrados expedientados pertenecen al colectivo Jueces para la Democracia, que defiende el pluralismo de corrientes entre los magistrados.Esta asociación profesional la aumenta también en su comunicado que el ejercicio de las legítimas facultades de inspección y sanción del Consejo se oriente hacia la sanción de estas manifestaciones de los jueces donostiarras que iban dirigidas a procurar la vigencia y aplicación de las garantías constitucionales.
La Junta, de Jueces de San Sebastián adoptó el pasado 9 de noviembre unos acuerdos relativos a la necesaria colaboración de la Administración pública para la prevención de posibles casos de torturas a detenidos y a la necesidad de respeto al principio constitucional del juez natural -que entendía conculcado en el proyecto de ley de hábeas corpus-, y de los que dio traslado al gobernador civil de Guipúzcoa y al ministro de Justicia.
Estas manifestaciones provocaron la apertura de un expediente disciplinario que sólo llegó a conocerse el pasado miércoles, día 14, cuando se presentaron en San Sebastián un inspector y un secretario instructor enviados por el Consejo General para realizar una encuesta informativa a fin de delimitar responsabilidades en relación con el citado documento de la Junta de Jueces donostiarra. Estos jueces no habían sido advertidos previamente de ninguna diligencia.
"Causa extrañeza y profunda preocupación", explican los Jueces para la Democracia, "el que acuerdos como los citados sean ahora motivo de incoación de un expediente disciplinario por parte del Consejo General del Poder Judicial, con eventuales medidas sancionadoras, a los cuatro magistrados que los suscribieron, pues entiende tales acuerdos como claramente dirigidos a procurar la efectiva vigencia y aplicación de las garantías constitucionales y enmarcados en los mandatos de los artículos 9.2, 24 y 53 de la Constitución española".
"Es lamentable", prosiguen los Jueces para la Democracia, "que el ejercicio de las legítimas facultades de inspección y sanción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial se orienten hacia casos como el presente ( ... ) Ello pudiera inducir a la opinión pública a creer que, dado el contenido de dichos acuerdos, la incoación de este expediente obedece más a estímulos externos que a la propia iniciativa del Consejo General".
