Conflicto de jurisdicciones en el procesamiento de 14 guardias civiles por contrabando

El procesamiento de 14 guardias civiles, presuntamente implicados en actividades de contrabando en las Rías Bajas, ha generado un conflicto de competencias entre la jurisdicción militar y la ordinaria, sobre el que deberá resolver próximamente la sala correspondiente del Tribunal Supremo. Entre los procesados figura el ex. comandante del puesto de El Grove, sargento Alejandro Alonso, que según las diligencias era conocido como el sargento Seo entre los jefes de las organizaciones dedicadas al contrabando masivo de tabaco rubio en la costa sur de Galicia.Según las investigaciones, se presume que el sargento Alonso recibió de los contrabandistas cantidades adicionales a las establecidas con el conjunto de los implicados, desde junio de 1982 hasta la fecha de su traslado al puesto de la Cañiza, en la provincia de Pontevedra, a mediados de 1983, cuando se intensificaron las operaciones policiales para desarticular la trama contrabandista.

Del mismo puesto de El Grove están procesados el cabo primero Gabriel Revaliente y los guardias Ángel Hermida, Manuel Lemos, Julio Areal, José Línea, Carlos Terceiro, Simón Rodríguez, Nemesio Vázquez y Ramón Álvarez. Los otros cuatro números presuntamente implicados son Emilio Riveiro, Ángel Bernal, Mario Rodríguez y Sergio Luis González, que pertenecían al puesto de Sanxenxo. A los guardias incluidos en esta causa se les imputan, según las diligencias instruidas por el juzgado de Cambados, la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, simulación de delito, cohecho, contrabando y falsedad en documentos oficiales.

El juzgado no accedió a la inhibición solicitada por la jurisdicción militar, entendiendo que los guardias civiles actuaban en misión de policía judicial, bajo dependencia de la jurisdicción ordinaria, y en funciones de represión del contrabando. Según esta consideración, el caso excede el ámbito de lo estrictamente castrense, lo que supone para los presuntos implicados la pérdida del fuero militar.

Para la jurisdicción castrense, según un informe del fiscal jurídico-militar, los hechos atribuidos a los guardias procesados merecen la calificación, bajo delito militar, de quebranto de consigna y emisión de informes falsos, que subsumen las figuras delictivas comunes, por lo que procedería la inhibición de la jurisdicción civil.

En las diligencias instruidas se considera probado que los procesados recibían 1.000 pesetas por cada caja de tabaco rubio alijada y en contrapartida por no intervenir, teniendo conocimiento de hora, lugar y fecha de los desembarcos. El juzgado de Cambados ha ordenado el procesamiento de 17 paisanos.