Ledesma afirma su derecho ciudadano a valorar el funcionamiento del servicio público de la justicia

El Consejo General del Poder Judicial hizo público ayer el documento remitido al ministro de Justicia, Fernando Ledesma, en el que le expresa su "profundo malestar" por las críticas realizadas por el citado miembro del Gobierno a la actuación judicial, con ocasión de la aplicación de la nueva normativa sobre concesión de libertad provisional. Ledesma, tras recalcar su voluntad de no enfrentarse con el poder judicial, contestó, a requerimiento de este periódico, a dicho escrito, y afirmó su disposición a disfrutar, como cualquier ciudadano, del derecho a "hacer una valoración sobre el funcionamiento del servicio público de la justicia".

En relación con las declaraciones del ministro de Justicia sobre la actuación judicial (ver EL PAIS de ayer y del 2 de marzo de este año), el escrito remitido a Fernando Ledesma por el órgano de gobierno de la justicia invoca la independencia del Poder Judicial, niega a un miembro del Gobierno "competencias y atribuciones para esta clase de censuras" y asegura que "la actividad, celo y diligencia de los órganos judiciales fue excepcional y ejemplar" en la aplicación de las recientes reformas parciales del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento Criminal.A la vista del documento -cuyo texto íntegro ofrecemos en esta misma página-, el titular de Justicia manifestó que, por su parte, no acepta un planteamiento que interprete estos hechos como un enfrentamiento. "Yo no me enfrento. Por el contrario", declaró, "creo que las relaciones de los poderes del Estado deben estar presididas por la lealtad y la absoluta cooperación. Aquí no hay guerras de nada ni de nadie, sino, por mi parte, disposición a la colaboración". Como muestras de esta colaboración, Ledesma se refirió a los esfuerzos del Gobierno para dar soluciones legales a problemas seculares, a través de leyes como la Concursal y la de Enjuciamiento Civil, actitud que ha merecido el reconocimiento del propio Consejo General.

Sentados estos criterios, Ledesma recordó que el escrito del Consejo se basa en unas declaraciones suyas mediante las cuales "quise expresar mi posición técnica", dijo, "sobre la aplicación de un artículo de la ley de Enjuiciamiento Criminal". El ministro de Justicia expresó su derecho a hacer una valoración sobre el funcionamiento del servicio público de la justicia. "Es un derecho del que pueden disfrutar todos los ciudadanos, tanto quienes ejercen algún cargo público, como es mi caso", matizó, "como todos los demás".

El ministro reivindicó para sí la facultad de realizar esta valoración técnica sobre la aplicación de una ley y el rendimiento del aparato judicial, "hecha, además", dijo, "desde uno de los poderes del Estado, del mismo modo que el Consejo General también ha hecho valoraciones de este carácter, para una mayor eficacia del aparato judicial y de las restantes funciones yprofesiones que se relacionan con el mismo. El fin último es conseguir que un servicio público como el de la justicia se preste mejor a los ciudadanos". Recordó que el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles, ha manifestado que, al margen de los medios materiales necesarios, dicho servicio podría funcionar mejor.

La oficina de prensa del Consejo General del Poder Judicial, tras dar cuenta del documento remitido al ministro de Justicia, puntualizó que la versión dada ayer por EL PAIS sobre el desarrollo de las sesiones plenarias "no se corresponde en absoluto a la realidad de las mismas". Según las averiguaciones realizadas por este periódico, este mentís guarda relación con la falta de exactitud sobre la identidad de los vocales que votaron en contra. Aunque fuentes gubernamentales aseguraron el lunes que al menos Eduardo Jauralde, Fernando García Mon, Perfecto Andrés y Adolfo Carretero habían votado en contra, un miembro del Consejo señaló ayer que "ni están todos los que son ni son todos los que están".

Una sorpresa

Otro de los consejeros, en este caso promotor del documento, manifestó que "Ledesma se llevaría una sorpresa si supiera quiénes han votado a favor del escrito". Según las fuentes consultadas, a diferencia de otros debates, en los que suelen coincidir las posiciones de los ocho vocales designados por el Parlamento, frente a los 12 elegidos por los jueces y magistrados, en esta ocasión sólo se polarizaron contra el documento los vocales ajenos a la carrera judicial, con independencia del origen de su mandato.Entre quienes votaron en contra figuran, al parecer, además de algunos de los mencionados ayer, Jaime Cortezo, Juan García Barbón y Gonzalo Casado, ninguno de los cuales pertenece a la carrera judicial. En todo caso, es seguro que quienes se opusieron al documento fueron más de cuatro.

En cuanto al hecho de que algunos vocales designados por las Cortes hubieran apoyado el escrito remitido a Fernando Ledesma, las mismas fuentes observaron que hay que tener en cuenta que las sesiones plenarias para la elaboración del texto se realizaron justamente en las vísperas de la celebración del IV Congreso de la Asociación Profesional de la Magistratura, clausurado el domingo pasado.