El Ministerio de Hacienda prepara el control fiscal de los depósitos a plazo y otros activos en el sistema bancario

"Por falta de información tributarla suficiente, un impuesto sintético como el de la Renta de las Personas Físicas, concebido como instrumento de justicia social, está produciendo los efectos contrarios, al gravar fundamentalmente a los más débiles, a los asalariados, lo que es injusto", manifestó José Borrell, secretario de Estado de Hacienda, en la inauguración de una conferencia del Centro Interamericano de Administradores Tributarios (CIAT). Borrell, tras su intervención, anunció que Hacienda está dispuesta a acabar con la opacidad fiscal de determinados activos financieros y de los depósitos bancarios a plazo.

Interrogado sobre si ello significa una nueva regulación para abolir el secreto bancario -la investigación fiscal de cuentas corrientes se encuentra suspendida de forma cautelar por el Tribunal Constitucional, independientemente de la decisión que sobre el fondo del asunto adopte en su momento-, José Borrell manifestó que depende de lo que se entienda por secreto bancario, pero insistió en que Hacienda debe tener y va a tener información sobre determinados activos financieros y depósitos a plazo en entidades bancarias que ascienden a ocho billones de pesetas y que en muchos casos están siendo utilizados para burlar al fisco.El secretario de Estado de Hacienda dijo que el cambio social propuesto por el PSOE puede realizarse más rápidamente en unos campos que en otros, y que en el terreno fiscal se puede conseguir a corto plazo. Es una injusticia el que el 80% de la recaudación por IRPF provenga de rentas del trabajo, y el que dos de cada tres contribuyentes tenga derecho a devolución en sus declaraciones. Esto quiere decir, por una parte, que el Estado se está financiando con adelantos del contribuyente; y por otra, que de los siete millones de declaraciones anuales hay uno o dos millones que no tienen sentido -"estamos haciendo declarar a personas que perciben rentas cercanas al salario mínimo y a pensionistas de escasísimas percepciones"- y que sólo sirven para entorpecer una gestión eficaz. En este sentido, anunció que en la próxima ley de presupuestos se modificará, elevándolo sustancialmente, el tope mínimo de renta -que está en vigor desde 1979- que obliga a realizar declaración a Hacienda. "Vamos a ser más selectivos en la exigencia de declaraciones sobre la renta y vamos a encaminar nuestros esfuerzos hacia quienes más tienen y hacia las enormes bolsas de fraude que existen".

Prioridad a la lucha contra el fraude

José Borrell dijo que los impuestos son instrumentos que pueden generar o combatir la injusticia social, que pueden incentivar o desincentivar el ahorro y que pueden contribuir a la superación de la crisis económica. Por ello, "el sistema fiscal español exige un rápido y profundo cambio, ya que la reforma fiscal de 1979 -concebida desde un planteamiento de justicia social- ha tenido unas consecuencias prácticas distintas a las que se deseaban". "Vamos a poner énfasis en la lucha contra el fraude y lo vamos a hacer mejorando la información tributaria". "La Administración", dijo, "cuenta con mecanismos pobres para el control de los rendimientos de capital", y añadió que esta situación va a variar, y que para 1985 estará instaurado un control riguroso de las rentas de capital "de igual modo que ahora se controlan las rentas de trabajo".El secretario de Estado de Hacienda señaló que hay colectivos de contribuyentes, profesionales, empresarios, agricultores, etcétera, que escapan en la actualidad al control tributario por la deficiente información con que se cuenta sobre sus rentas. En este punto habló, en concreto, de cruzar en ordenador distintas informaciones que posee la Administración en otras áreas (Seguridad Social, Fondo de Ordenación y Regulación de Precios y Productos Agrarios, Servicio Nacional de Productos Agrarios, etcétera) con los listados de Hacienda, y reiteró la próxima desaparición de la opacidad de determinados activos dentro del sistema bancario.

Insistió en la necesidad de una Administración eficaz y descentralizada e indicó que se destinarán 12.000 millones de pesetas para aumentar hasta 200 el número de delegaciones de Hacienda. Señaló que, además, se van a utilizar todas las oficinas bancarias como ventanillas para los pagos del contribuyente, con el objetivo de agilizar estas operaciones tanto para el ciudadano como para la propia Administración.

José Borrell, de forma reiterada y sin mencionar expresamente que dicho problema contribuyó al cese de su antecesor, comentó que no había que confundir el dinero negro con la no aplicación de retenciones a los pagarés del Tesoro. "Las retenciones sólo contribuyen a incrementar los intereses a abonar por el Estado a los compradores de pagarés, con lo que el ingreso que se genera por un concepto se devuelve por otro, y no solucionan el control y seguimiento fiscal de estos instrumentos financieros en los mercados secundarios". El secretario de Estado de Hacienda adelantó la posibilidad de someter a apuntes contables, como forma de control, a todas las operaciones que se realicen con los pagarés. Dijo, asimismo, que van a estudiar la forma de hacer tributar las percepciones por desempleo, a partir de ciertos niveles, ya que la exención actual es a veces injusta.

Ayer, en la conferencia de la CIAT, intervino también el profesor Victorio Valle, que presentó una ponencia sobre "La política tributaria ante los problemas económicos actuales". El ponente afirmó que la política tributaria "debe integrarse en su valor limitado dentro del planteamiento global de la política económica"; que debe colaborar al equilibrio global de la economía y a la reducción del déficit, y que es un instrumento útil que contribuye al ajuste positivo en los problemas de fondo de la economía.