Autopistas de peaje: deformación de una realidad
El señor ministro de Obras Públicas y Urbanismo ha comparecido ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados para explicar la situación de las autopistas de peaje.Desconozco el texto completo de la intervención del señor ministro. Espero de su honestidad política y de su conocimiento de la realidad que su intervención haya sido mucho más matizada y más completa de lo que la Prensa, en su forzado resumen, ha publicado.
Según el mismo, el señor ministro de Obras Públicas y Urbanismo se ha referido al coste que para el Tesoro público había tenido el seguro de cambio. Absolutamente correcto. Pero lo que no se puede omitir es que ello no es sino una consecuencia de la obligación impuesta a las concesionarias de autopistas de financiarse primordialmente en el exterior con objeto de evitar que su construcción drenara ahorro interno. Y una vez establecida esta dependencia masiva y obligada de la financiación en divisas, no se podía exigir a las concesionarias que fueran también responsables de unas fluctuaciones de las mismas en las que no tenían ni arte ni parte.
En otras palabras, el Estado, por razones de política económica general, imponía una obligación de financiación en determinados mercados. Y repito imponía una obligación porque entonces lo cómodo, lo fácil y lo barato era la financiación en pesetas. Y las autopistas se veían lanzadas, sin demasiado entusiasmo por su parte, a las tinieblas exteriores a buscar recursos en unas plazas financieras en donde el nombre de España, y a mayor abundamiento los de las concesionarias, estaban absolutamente inéditos.
Aquí como en muchos otros campos las cosas han cambiado imprevisiblemente; en este caso en favor de la financiación exterior. Y es preciso reconocer que sin ella no se hubieran podido construir las autopistas. Pero dejemos las cosas en su sitio. La dependencia masiva de la financiación en divisas no fue un capricho de las concesionarias sino una obligación impuesta por el Estado en función de un deseo de no mermar el ahorro interno. Obligación que por su envergadura, para ser viable y no un simple juego de azar, necesitaba el seguro de cambio. Por lo tanto no hablemos de subvenciones encubiertas sino de congruencia entre un modo de financiación y la manera de hacerlo posible. Y el coste para el Tesoro público de este seguro de cambio ha sido consecuencia no de la actuación de las concesionarias, sino de factores absolutamente ajenos a ellas, como el de la depreciación de nuestra peseta, en cuya evolución no tenían ninguna responsabilidad.
Y para terminar este tema, recordemos que la financiación exterior que han traído las autopistas de peaje en los últimos años ha servido para equilibrar nuestra balanza de pagos. Y sin ella el Estado hubiera tenido que ir a buscar directamente dicha financiación, con las mismas consecuencias en cuanto al riesgo de cambio.
El señor ministro parece también haber achacado la difícil situación de las autopistas de peaje al hecho de que en su capital existan empresas constructoras que habían sangrado en beneficio propio a las concesionarias.
Ello implica una grave acusación absolutamente infundada.
La mejor prueba de ello es que entre las concesionarias de autopistas de las que el Estado ha tenido que hacerse cargo por su falta de viabilidad o arbitrar fórmulas especiales para las mismas figuran precisamente empresas en cuyo capital no hay ninguna empresa constructora a la que echar la culpa de la situación.Y a sensu contrario, en el capital social de concesionarias de autopistas que no presentan ningún problema de viabilidad figuran precisamente empresas constructoras. ¿Qué queda, por tanto, de la presunta relación causa-efecto entre socio constructor y autopista en crisis?.
Pero hay algo mucho más evidente. Las adjudicaciones de obra no se han hecho libremente por las concesionarias. Han tenido que pasar por un concurso público al que se han presentado numerosas constructoras, y la adjudicación se ha hecho a quien ofrecía condiciones más favorables bajo el control y aprobación de la Administración.
Finalmente, qué duda cabe que las autopistas de peaje han sufrido la crisis. Sus proyectos y previsiones fueron realizados en un determinado momento, en el que, en función de las previsiones más razonables posibles, se preveía de terminada inversión por kilómetro, determinadas cargas financieras y determinado tráfico.
La crisis económica vino a alterar todo ello.
La inflación, de una parte, y de otra, los retrasos en las obras, muchas veces debidos a la propia Administración, incrementaron los costes de construcción. Y las subidas de los precios de los carburantes disminuyeron el tráfico. Pero ni una causa ni otra fueron debidas a las autopistas, sino a factores absolutamente ajenos a ellas y en ocasiones debidos a decisiones administrativas. Por tanto, tampoco aquí traslademos la responsabilidad a terceros.
En todo caso, el coste que ha tenido la crisis en el sector de autopistas es infinitamente menor a los déficit que, como consecuencia de la misma, están experimentando la Renfe o Iberia, ambas empresas públicas al ciento por ciento, o, para salir del sector de transportes, a las cargas que para el sector público están teniendo la mayor parte de las empresas del INI.
Y para terminar, un caso concreto mencionado por el señor ministro.
El caso de Bética: Esta autopista se construyó porque se iba a hacer en Cádiz un puerto de contenedores que le daría tráfico. Después no se hizo. ¿De quién es el fallo? Pero, aun así, dicha autopista concesionaria de la carretera de peaje entre Cádiz y Sevilla y concesionaria de la explotación del puente sobre la bahía de Cádiz tenía perfecta viabilidad económica. Después, por razones electorales, se rescató la concesión del puente con las indemnizaciones económicas correspondientes. Y con estas indemnizaciones debidas, Bética sigue siendo una autopista que no precisa para su viabilidad ser absorbida por nadie salvo que el Estado deje de cumplir sus compromisos derivados del rescate del puente. Pero esto sería otro cantar
ex ministro de Comercio, es actualmente consejero delegado de Autopistas del Mare Nostrum y presidente de la comisión de Economía de la CEOE.
