El Ministerio de Hacienda somete a revisión su anterior valoración de los activos del monopolio de petróleos

El Ministerio de Economía y Hacienda ha iniciado la revisión de la valoración realizada sobre los activos del monopolio de petróleos (red primaria de distribución y transporte), propiedad del Patrimonio del Estado, después que el Ministerio de Indusria y Energía Y el propio sector consideraran La anterior evaluación -unos 124.000 millones de pesetas- como desorbitada y no ajustada a criterios contables homogéneos y comúnmente aceptados. La nueva valoración se ha visto facilitada, por otro lado, por los cambios registrados en el departamento ministerial, tras el cese de José Sevilla en la Secretaría de Estado para Hacienda.

La revisión coincide también con la culminación de los trabajos realizados por la firma auditora Arthur Andersen sobre los activos propios de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, SA, (Campsa), encargada por la mencionada firma de hacer una separación del inmovilizado de la propia compañía y del que pertenece al monopolio, es decir, aquel del que Campsa sólo usufructúa.La firma auditora, según fuentes del sector, ha remitido ya su informe previo, aunque queda pendiente aún la valoración final de los mencionados activos, estimados en principio por la propia compañía en un valor inferior a 50.000 millones de pesetas.

El Ministerio de Hacienda, tras la culminación de los trabajos de valoración de los activos del monopolio por la comisión técnica nombrada al respecto, nunca remitió oficialmente su informe ni al Ministerio de Industria ni a la propia Campsa.

En opinión de algunas fuentes, el mencionado informe técnico, que hacía una valoración de los activos cifrada en 123.988,2 millones de pesetas, no fue aceptado como definitivo por las más altas instancias del Ministerio de Hacienda, al parecer porque se consideraba que la valoración final era, a su vez, excesiva.

Esta opinión era compartida por la gestión de la companía arrendataria, por el Ministerio de Industria y, Energía y por los presidentes de las empresas de refino, al fin y al cabo los que, en virtud del protocolo de reordenación del sector firmado el pasado verano, tendrían luego que pagar los mencionados activos dentro del proceso de constitución de lo que se conoce como la nueva Campsa.

Según estas interpretaciones, los únicos miembros de la comisión habían realizado una valoración contable propia de libro, es decir, que se habían seguido unos criterios excesivamente rígidos, siguiendo a veces valores dispares, unas veces de libro, otras de reposición y en otras ocasiones mixtos.

Las críticas añadían que, en algunos casos, no se habían tenido en cuenta las particulares condiciones. del mercado, concretamente en el caso de los barcos y buques de transporte, donde se cifraban unas valoraciones hasta tres veces superiores al valor real.

Criterios más ajustados

La revisión iniciada en Hacienda, según señalan las fuentes, tendrá en cuenta nuevos criterios más ajustados a la realidad, y es muy posible que la nueva cifra gire en torno a los 90.000-100.000 millones de pesetas, que el propio sector estimó en un principio como el valor más preciso de las propiedades en Campsa del Patrimonio del Estado.Una cifra en torno a este valor permitiría un mayor margen de autofinanciación, por parte de las empresas de refino, del proceso de constitución de la nueva Campsa, según el modelo pactado en el protocolo de reordenación del sector.

El mencionado protocolo, firmado en el Ministerio de Industria el pasado verano por los presidentes de Campsa, del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), de las seis empresas de refino y el titular del departamento ministerial, Carlos Solchaga, preveía la integración vertical del sector del petróleo mediante la constitución de una nueva empresa de distribución en la que también formaran parte las cinco empresas de refino (las públicas EMP y Petroliber y las privadas Petromed, Petronor y Explosivos Rio Tinto), junto al Instituto Nacional de Hidrocarburos.

Las empresas adquirirían una parte proporcional a su cuota de mercado de las acciones de la nueva sociedad mediante una fórmula de pago pendiente de negociar. La nueva sociedad adquiriría al Patrimonio del Estado los activos propios del monopolio.

Difícil posición financiera

Según fuentes del sector, una elevada valoración de estos activos habría colocado en difícil posición financiera a la nueva empresa y a sus socios, al forzarles a endeudarse para hacer frente a sus compromisos.Con ello se hubiera puesto en peligro el principal objetivo de los buscados por los diseñadores del proceso de reordenación e integración vertical del sector petrolero, que perseguía precisamente lograr colocarlo en unas condiciones favorables de competencia, frente a terceros, de cara a la futura integración de la economía española en la Comunidad Económica Europea (CEE).