Otra vez Francia

LA ADMISIÓN por el Consejo de Estado francés de los recursos interpuestos por cinco presuntos militantes de ETA contra la denegación por la Oficina Francesa para Refugiados y Apátridas (OFPRA) y la Comisión de Recurso de los Refugiados del estatuto de refugiado político ha producido un comprensible sobresalto en los medios gubernamentales y en la opinión pública democrática de nuestro país. Tras la eufórica reacción ante las medidas administrativas de extrañamiento o confinamiento adoptadas a comienzos de año por las autoridades del país vecino contra dirigentes de ETA, la resolución ha caído como un jarro de agua fría. Casi al mismo tiempo, el ametrallamiento de dos pesqueros españoles por parte de barcos franceses ha creado un grave incidente entre los dos países; se encuentran heridos por balas francesas varios trabajadores españoles. Las explicaciones dadas hasta ahora por el gobierno francés son inaceptables, y es obvio que el gobierno español no puede en modo alguno darse por satisfecho. Admitiendo que los pescadores estaban incumpliendo, incluso gravemente, los reglamentos en esa materia, lo que es absolutamente intolerable es el empleo de armas de fuego en un conflicto de ese género. Había muchas otras formas de impedir actos incorrectos, o ilegales, de los pesqueros españoles. Disparar no es un procedimiento admisible entre dos países con relaciones normales, amistosas. Es imprescindible por eso saber quién dio las órdenes de disparar; y qué medidas se han adoptado para que no puedan repetirse casos semejantes. Es inadmisible la declaración francesa de que volverían a actuar de la misma forma en situación semejante. Cabe esperar por lo demás que este incidente grave no sea explotado con fines de política interior en nuestro país; y que pueda resolverse sin un empeoramiento aún mayor del clima de las relaciones bilaterales con Francia, que habían experimentado un relanzamiento a principios de este año.En cuanto a las medidas favorables a los etarras parece necesario subrayar, en cualquier caso, que el Consejo de Estado francés no se ha pronunciado sobre el fondo del problema -el eventual derecho de los etarras a conservar el estatuto de refugiados políticos- sino sobre cuestiones procesales. La resolución devuelve la tramitación del expediente a la Comisión de Recurso de, Refugiados por considerar insuficientemente argumentado su veredicto. La decisión debe ser interpretada en el contexto de las resistencias institucionales a los proyectos del presidente Mitterrand y por el juego de fuerzas desatado por la secuencia de convocatorias de los franceses ante las urnas en los próximos años. Mas allá de la política interna, resulta difícil no obstante rehuir la tentación de formular algunas generalizaciones sobre la actitud tradicional mostrada por nuestros vecinos del norte al juzgar sobre lo que ocurre al sur de los Pirineos.

Nuestro país, que aspira a integrarse en las comunidades europeas, debe tener la convicción de que la errónea imagen de la España contemporánea, demasiadas veces distorsionada en los espejos exteriores, terminará siendo corregida por los hechos. Pero es preciso recordar a los profesionales de la españolada que no deseamos pasar a la historia por la memoria heroica de nuestras guerras y enfrentamientos civiles. No queremos convertimos en un circo para que se conmuevan con el espectáculo los civilizados pueblos del norte, ansiosos de disminuir con las desgracias ajenas sus propias tragedias históricas, como la República de Vichy, los feroces conflictos coloniales o la guerra sucia de Argelia.

Aspiramos a que se apliquen en nuestro territorio las mismas leyes y los mismos valores que rigen en el resto de la Europa democrática. Pretendemos que los crímenes terroristas perpetrados en nuestro suelo reciban el mismo trato que los tribunales, la policía y el Gobierno de Francia dan a los asesinatos cometidos por bandas homólogas dentro de sus fronteras. No estamos dispuestos a santificar como héroes patrióticos a los corsos o los bretones que defienden a bombazos o con la metralleta sus reivindicaciones. Pero, en justa correspondencia, nos resistimos a que la opinión pública francesa exporte hacia España, para tranquilizar su buena conciencia, todos los conflictos y problemas que la defensa de los derechos humanos y de las libertades encuentra en cualquier sistema democrático.

Nunca hemos ocultado desde las páginas de este periódico las graves preocupaciones que suscitan a la opinión pública española las denuncias sobre la persistencia de torturas en dependencias gubernativas, el proyecto de ley antiterrorista y los misterios que rodean los crímenes de los GAL, inspirados a todas luces en las prácticas popularizadas por la V República francesa en su lucha en dos frentes contra el FLN y la OAS. Tampoco hemos escatimado las críticas a las actuaciones en el País Vasco del PSOE. El Gobierno socialista ha equivocado su estrategia en Euskadi y sus máximos dirigentes no entienden -o no quieren entender- la singularidad de esa situación. Pero es una monstruosidad moral, y una imbecilidad también, ignorar que las diversas ramas de ETA están violando los derechos humanos de los ciudadanos españoles (nacidos dentro o fuera del País Vasco) mediante el asesinato -la víctima más reciente ha sido el senador socialista Enrique Casas- de centenares de personas, la tortura de los secuestrados y las extorsiones maflosas a empresarios y profesionales. El asilo a ETA por parte de Francia hace cómplice a su Estado del gangsterismo mafioso que ETA practica.

Ya casi nadie cree en casi ninguna parte que Francia sea hoy el modelo que fue de libertades y de progreso. Durante nuestra guerra civil el Gobierno republicano lamentó la falta de solidaridad de la democracia francesa en su lucha contra los rebeldes. Ahora, en la década de los ochenta, la España democrática no puede sino denunciar el mantenimiento en los Pirineos Atlánticos (departamento que no reconoce a los vascos franceses su derecho a la autonomía) de un santuario en el que los terroristas preparan sus crímenes y provocan a las Fuerzas Armadas españolas a un golpe de Estado, mientras todo se hace cínicamente en nombre del tradicional respeto a las libertades por parte del país vecino. Respeto y tradición que permiten en cambio a los militares franceses atacar a cañonazos a un pesquero desarmado.