Las 10 empresas avaladas directamente por el Gobierno Pujol incumplen los requisitos legales de la propia Generalitat

Los 10 empresas a las que el Gobierno Pujol ha concedido directamente, en principio, avales por un montante global de 1.002,8 millones de pesetas, incumplen en general las condiciones mínimas establecidas por la propia Generalitat para la concesión de avales, tanto en lo que se refiere a la vía habitual de la CARIC (Comisión de Ayuda para la Reconversión Industrial de Cataluña) como en el caso excepcional de los avales de carácter político. Entre los últimos avales de este carácter destacan, en estos momentos preelectorales, los otorgados a tres empresas periodísticas.

Los avales técnicos han venido siendo otorgados por la CARIC, organismo que si bien es escasamente independiente respecto de la Administración autonómica -lo que ha sido criticado por la oposición-, contaba al menos con una serie de criterios técnico-legales sobre los que se decidía la concesión o no del aval solicitado. Hasta ahora la CARIC ha otorgado 5.000 millones de pesetas en avales a 185 empresas, ninguna de las cuales ha cerrado sus puertas.El decreto aparecido en el Diario Oficial de la Generalitat del pasado 17 de febrero (véase EL PAIS del 22 de febrero) por el que el Consell Executiu concede ayudas a una decena de empresas, destaca por la cuantía de las cantidades comprometidas: tan sólo 10 empresas se repartirían 1.002 millones, mientras que las 185 que hasta ahora habían pasado por la CARIC se repartieron únicamente unos 5.000 millones.

Los requisitos técnicos legalmente utilizados por la CARIC contemplan que el montante del aval no debe exceder el 70% de las necesidades del plan de reconversión y que no sea superior en un 60% a los recursos propios de la empresa, y que la entidad luzca unos balances de los que se desprenda su viabilidad económica futura.

Vía política

Las 10 empresas favorecidas -no por la vía de la comisión, sino del propio Ejecutivo- son Editorial Mencheta, editora de El Noticiero Universal; Editorial Primera Plana, editora de El Periódico; Premsa i Publicitat, SA, vinculada al diario A vui, Gráficas Industriales, antigua empresa de Banca Catalana; Bruguera, Libresa, IMSA, Fenwick, Torres Doménech SA e Industrias Reunidas Sallent SA. Todas ellas solicitaron el aval directo del Gobierno autónomo recurriendo a la vía política, es decir solicitando que fuera el Consell Executiu de la Generalitat quien les otorgase directamente la ayuda.

Esta vía política está prevista en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 1983 en su artículo 9, que contempla los avales concedidos directamente por el Consell Executiu. Sin embargo, el citado artículo prevé que los avales sean concedidos a "pequeñas y medianas empresas de todos los sectores productivos", y alguna de las compañías relacionadas no son pequeñas, sino grandes empresas.

El artículo indica también que los avales serán concedidos para afianzar créditos "concertados con la finalidad de financiar operaciones de reconversión y reestructuración", y lo cierto es que no todas las empresas cuentan con planes de reconversión en marcha. Finalmente, el artículo preceptúa como requisito que "las empresas han de demostrar, mediante el correspondiente plan económico-financiero, una capacidad de adaptación que haga previsiblemente viable su continuidad", cuando en realidad Gráficas Industriales, Libresa y Torres Doménech, SA, están en situación de suspensión de pagos. Esta situación es también la de Bruguera, aunque el levantamiento del percance es inminente. En el caso de alguna industria no periodística, líderes de la oposición de izquierda han hecho también gestiones para que se facilitasen las ayudas solicitadas.

Sólo existen tres precedentes de avales directos o avales políticos otorgados por la Generalitat, esto es avales concedidos sin pasar por la CARIC. Dos de los casos han resultado ruinosos para el erario público. Se trata de lo ocurrido con Central LLetera de Catalunya, SA (productora de la leche Rania) e Hilados y Tejidos Puignerá. En la primera de estas empresas, la Generalitat ha tenido que hacer frente a los 350 millones avalados -percance que originó la formación de una comisión parlamentaria, que luego el absentismo, tanto del Gobierno como de la oposición, enterró sin pena ni gloria-, y en la segunda, pese a que se está ultimando el levantamiento de la suspensión, también el Gobierno autónomo ha quedado comprometido con 110 millones. Otro caso fue el de los avales otorgados -sin sangría de la Hacienda autónoma- a las empresas exportadoras perjudicadas por la suspensión de pagos de México, que pudieron así concertar créditos-puente.

Los avales políticos ahora otorgados -algunos observadores han subrayado además su concesión, sobre todo en el caso de empresas periodísticas, en período previo a las elecciones- han sido ya concedidos, según el decreto publicado el 17 de febrero. Sin embargo, su formalización, que correrá a cargo de los consellers de Economía y de Industria, se hará "previo informe favorable elaborado por el departamento correspondiente".