Un hombre llamado Boyer

Aunque José María Ruiz-Mateos, como se ha demostrado, no lo llegó a saber, un hombre llamado Miguel Boyer le seguía los talones, a él y a los demás grupos bancarios heterodoxos, hacia finales de 1979. ¿Qué tenía que ver Boyer con todo esto? Ese año, Boyer se reincorporó a sus actividades en el Banco de España, tras renunciar como diputado socialista en las Cortes.Boyer había hecho las oposiciones para entrar al banco emisor, al mismo tiempo que economistas como Juan José Toribio, Miguel Ángel Amedo, Alejandro Pedrós y Pedro Manes, lo que consiguió el 1 de septiembre de 1969 con la categoría de titulado del Servicio de Estudios. Por esa época, Mariano Rubio era el jefe del Servicio de Estudios del Banco de España. Ese año de 1969, con su flamante puesto debajo del brazo, conoció Boyer a Rubio. El 31 de octubre de 1971, dos años más tarde, Boyer pedía una excedencia voluntaria.

Ahora, ocho años después, el 19 de octubre de 1979, volvía a ser acogido por el Banco de España, que le reincorporaba como asesor. En calidad de tal tuvo una primera misión, que a la luz de los hechos posteriores puede calificarse como una pieza importante en el rompecabezas de la crisis bancaria en general, y la del grupo Rumasa en particular.

Así es. El consejo ejecutivo del Banco de España encomendó a Boyer a finales de 1979 la elaboración de un informe sobre la crisis bancaria en España. Ese trabajo fue elaborado con todos los datos de que disponía la institución y quedó terminado en diciembre de 1979, mes en que fue elevado al vicepresidente segundo, Fernando Abril Martorell.

Un año y tres meses después, el 21 de enero de 1981, Miguel Boyer pasaba a desempeñar como subjefe de la entonces Oficina de Control Estadístico de Entidades de Crédito y Ahorro, que recibía toda la información de la Central de Riesgos, entidad a la que deben enviar informes todos los bancos del país. Boyer trabajó con Raimundo Poveda, jefe de la mencionada oficina, que pasó más tarde a llamarse Oficina de Regulación Bancaria. Por tanto, después de haber elaborado aquel informe de finales de 1979, Boyer siguió manejando información sensible sobre los créditos bancarios y, desde luego, sobre los bancos de Rumasa.

Exceso de inversión

Antes de pasar a narrar las alternativas que aquel informe abrió a nivel del Gobierno, sería útil conocer con cierto detalle el informe Boyer. Algunas partes del mismo fueron redactadas pensando en casos concretos de la crisis bancaria española, entre los que, sin citarlos, estaban los bancos de Rumasa.

Boyer señala varios aspectos que contribuyeron como causas de la crisis, y dice que han sido una forzosa consecuencia de la política de concentración y discriminación del crédito. Las necesidades financieras se vuelven incontenibles y provocan en los bancos un exceso de inversión sobre la suma de recursos propios y ajenos, por lo que se ven obligados a practicar una política muy agresiva de captación de depósitos a elevados tipos de interés, forzando también a la apertura de sucursales y, como todo resultaba insuficiente, se financiaba a ultranza en el mercado monetario a elevado coste, lo que, si bien alivia a muy corto plazo los problemas de tesorería, no resuelve, sino agrava, las tensiones de liquidez y el desequilibrio financiero...

Boyer pasaba revista también a los mecanismos puestos en juego por varios bancos para eludir la vigílancia del Banco de España, ocultar su situación e incluso aparentar mejorías de la misma. Es asombrosa la significación de este párrafo, a la luz de los acontecimientos posteriores:

"La no contabilización de créditos y avales, la utilización de las diversas modalidades de créditos cruzados, la utilización de sociedades interpuestas no inspeccionables, las omisiones en las declaraciones a la Central de Riesgos, la existencia de las llamadas Cajas B, etcétera, son algunos de dichos mecanismos, cuya simple enunciación pone de manifiesto la dificultad y, en muchos casos, la imposibilidad de ser detectados por cualquier servicio de inspección".

El informe avanzaba también algunas modificaciones- de la legislación vigente para hacer frente a la crisis bancaria. Volvía Boyer sobre un tema que estaba sobre la mesa desde hacía tiempo: las auditorías. Es decir, la facultad de que el Banco de España pudiera exigir auditorías a los bancos. Y, atención, al proponer un nuevo balance bancario y una nueva cuenta de explotación, se explicaba así su propósito:

"Estos estados deberán, en particular, hacer explícitos los riesgos contraídos por cada banco con sus propios grupos de empresas, así como un balance y cuenta de explotación consolidados de este mismo grupo. Sobre esta concentración de riesgos, la ley de 31/ 1968 resulta gravemente incompleta, en el caso de grupos financieros que dependan de una matriz o holding, y tendría que ser revisada urgentemente".

En el primer trimestre de 1980, el problema de qué mecanismos utilizar para conjurar la crisis bancaria se convirtió en el asunto número uno. Después de conocerse el informe en el Banco de España, el gobernador, José Ramón Álvarez Rendueles, mantuvo una serie de conversaciones con Fernando Abril Martorell, quien parecía estar muy influido por un banquero a quien veía con frecuencia. Se trataba del presidente del Banco de Santander, Emilio Botín.

Documentación acumulada

Una documentación al respecto comenzó a acumularse en los despachos del gobernador del Banco de España y del ministro de Economía, José Luis Leal.

Fernando Abril explicó en sucesivas reuniones a Álvarez Rendueles que era necesario elaborar algún tipo de legislación para reducir el capital de los bancos en crisis de solvencia, como forma de establecer el equilibrio patrimonial perdido y facilitar el acceso del Fondo de Garantía de Depósitos a la gestión inmediata, sin pasar por el largo proceso que supone la aplicación de las leyes vigentes (sociedades anónimas, enjuiciamiento civil, etcétera).

El 25 de abril de 1980, Álvarez Rendueles escribió a Leal en estos términos:

"Hemos intentado plasmar en algún proyecto de texto la obligatoriedad de proceder a reducir el capital en aquellos bancos que hayan experimentado pérdidas, tratando de obviar el requisito del número de accionistas de la ley de Sociedades Anónimas, de acuerdo con tu petición...".

"El primer texto se limita a obligar al consejo de administración a reducir el capital, dándose cuenta después a una junta general extraordinaria. Los accionistas, pues, subsisten después de la operación y deberían ampliar capital o buscar a alguien que lo haga. Me parece que los accionistas no van a suscribir la ampliación en muchos casos, y no van a facilitar el que otra entidad la realice. Lo probable es que se dediquen a impugnar y pleitear, con lo que los depósitos del banco con problemas disminuirán sensiblemente".

La alternativa que Álvarez Rendueles veía. es la que sigue.

"Sería -preciso, por ello, suprimir el derecho de los accionistas del banco cuyo capital se ha reducido, en el caso muy probable de que no quieran reponer este capital. No se nos ocurren más que dos fórmulas: las que propugnan la reducción de capital con carácter obligatorio, o la expropiación (vía incautación o mediante procedimiento especial acuñado al efecto)".

"Esta alternativa de la expropiación resulta altamente complicada y, políticamente, con flancos muy importantes abiertos a la crítica. Además, hace muy dificil que el sector público no sea durante algún tiempo propietario del banco. Es decir, es una fórmula tipo 'corporación bancaria', pero que requeriría que el 100% del capital de esta corporación fuese público y que la misma contara con recursos suficientes para reponer los capitales perdidos por los bancos".

"Es decir, se trata de una nacionalización", aunque fuera posible subastar el banco una vez enderezado siempre, naturalmente, que el objetivo no fuera la liquidación, en muchos casos la solución más costosa de todas las posibles".

"Bombazo jurídico"

Por tanto, la alternativa de la expropiación, como se puede ver, ya había sido planteada el 25 de febrero de 1980. El gobernador del Banco de España aconsejó en su carta un reforzamiento del Fondo de Garantía de Depósitos, mediante una ampliación de recursos, un aumento del límite de dinero a cubrir, el perfeccionamiento de las normas jurídicas y la exigencia de auditoría. Después de esta carta, Álvarez Rendueles seguirá dándole vueltas al asunto con Abril Martorell al tema de la reducción de capital. Entre ambos elaboraron un papel el 17 de marzo de 1980, que resumía lo elaborado hasta ese momento. Finalmente se llegó a la conclusión de que reducir el capital con carácter obligatorio, al margen de la ley de Socidades Anónimas y otras, por la vía de un decreto-ley, era un "bombazo jurídico".

Finamente, el 28 de marzo, el Real Decreto-Ley 4/1980 dotaba de personalidad jurídica al Fondo de Garantía de Depósitos, y el 567/1980, del mismo día, perfeccionó, como propuso Álvarez Rendueles, los instrumentos, dando a la comisión gestora nuevas facultades, entre las que figuró el punto cuarto del artículo tercero:

"La comisión podrá acordar que los bancos integrados en el Fondo se sometan a una auditoría contable con la periodicidad y alcance que se establezca. Dicha auditoría podrá extenderse a las sociedades filiales del banco o al grupo de sociedades que controle a éste".

La cuestión de la reducción de capital había quedado aplazada. Pero con la nueva facultad citada se daba un pequeño paso para superar la histórica laguna de la legislación bancaria: el control de los grupos holding que tienen bajo su control a instituciones bancarias. "Dicha auditoría podrá extenderse a las sociedades filiales del banco o al grupo de sociedades que controle éste", relataba el decreto-ley del 28 de marzo de 1980.

El cobijo de José María Ruiz-Mateos había dejado de ser seguro. La nueva legislación permitía cubrir, en lo que a control se refiere -ya que la actuación legal sobre los holdings seguía sin definirse-, el famoso hueco que Ruiz-Mateos había aprovechado para crear su gigantesca burbuja. Ahora era sólo cuestión de tiempo, estaban a sus puertas. La cuenta regresiva había comenzado.