El cierre de comercios

LA LLAMADA al cierre de comercios como protesta por el aumento de la delincuencia mereció ayer, especialmente en la ciudad de Barcelona, pero también en el resto de Cataluña, una notable respuesta. Si se trataba de sensibilizar a los poderes públicos -al municipal, al autonómico y al estatal- respecto al descontento por la inseguridad ciudadana y las dificultades de las instancias policiales y judiciales para hacer frente a esa amenaza, la convocatoria ha logrado sus objetivos. Las calles de Barcelona ofrecieron ayer, hasta el mediodía, el aspecto absentista de cualquier domingo.No faltarán, sin embargo, quienes consideren que el cierre de comercios, cuando están a punto de convocarse las elecciones autonómicas, es una maniobra de desgaste contra los socialistas, e indicios ha habido de intentos de capitalización política del tema por parte de Convergéncia i Unió. La jornada de ayer tiene, sin embargo, más de una lectura. Mientras el país necesita encontrar solución para gravísimos problemas económicos y precisa, reformas estructurales que permitan su modernización, el Gobierno también ha de afrontar a corto plazo cuestiones que resultan urgentes para la estabilidad de la democracia española. La coordinación de los diferentes cuerpos encargados de velar por la seguridad ciudadana, el marco legislativo en los ámbitos penal y procesal y la mayor agilidad y eficacia de los procedimientos judiciales se hallan en relación directa con el freno de la delincuencia. Ayer, en Barcelona, la vigilancia policial era mucho más patente que en los días de trabajo normal, dato que resulta difícilmente explicable. Pero no basta rasgarse las vestiduras ante los problemas de la delincuencia y ocultar el bulto a la relación que con ella guarda el mal funcionamiento del aparato de la Administración de justicia ni criticar unas leyes porque no haya policías y magistrados capaces de aplicarlas fielmente. A este respecto, las graves acusaciones que arrojan sobre cualificados sectores de la Administración de justicia las investigaciones emprendidas a propósito de la libertad bajo fianza, del camorrista Bardellino suministran argumentos a quienes ponen en duda el espíritu de colaboración de algunos sectores de la judicatura para aplicar con espíritu democrático y de servicio a la convivencia la legislación vigente. En el trasfondo se instalan, además, las causas últimas del crecimiento de la delincuencia, relacionadas con el desempleo generalizado, el paro juvenil y la extensión tortuosa del circuito de la droga dura.

La desaparición de los conflictos corporativos entre los cuerpos encargados de la seguridad ciudadana, la agilización de la Administración de justicia y la reforma del sistema penitenciario son factores directamente relacionados con la lucha defensiva contra la delincuencia ordinaria. Las reformas del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento propuestas en su día por el ministro Ledesma no hicieron sino dar cumplimiento a las promesas electorales del PSOE y desarrollar explícitos mandatos constitucionales pendientes de cumplimiento. La experiencia ha puesto de manifiesto que esas modificaciones legales orientadas a humanizar el Código Penal y a establecer requisitos rígidos y plazos máximos para la prisión preventiva no fueron acompañadas de las medidas necesarias para mejorar la eficacia policial, agilizar los trámites procesales y reformar el sistema penitenciario. Así pues, el crecimiento de la delincuencia ha sido en parte una consecuencia de las dificultades del Gobierno socialista para adecuar los mecanismos institucionales a los cambios políticos y legales. En este sentido, las declaraciones de Fernando Ledesma anunciando una reforma de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal, destinada a aclarar los requisitos necesarios para acordar la prisión preventiva sin fianza, no levantan acta del fracaso del Ministerio de Justicia en su anterior empeño, sino que ponen de manifiesto las insuficiencias de la Administración para interpretar, instrumentar y complementar las modificaciones de la anterior normativa aprobadas hace unos meses por las Cortes generales.

La irritación, el temor y la cólera de los ciudadanos -exteriorizada ayer en Barcelona y antes en Madrid- puede ser comprensible, pero han sido manipulados por la derecha autoritaria para convertir al ministro de Justicia en el chivo expiatorio de una situación de inseguridad con causas complejas y de ninguna manera identificables prioritaria o sustancialmente con la anterior reforma legal. La agitación de los pequeños comerciantes contra lo que se supone el desamparo del Gobierno se enmarca en la más rancia tradición histórica del populismo reaccionario, y en el caso catalán enlaza, además, con los postulados y las bases sociológicas del partido que ocupa el poder en la Generalitat. Por lo demás, el problema de la seguridad existe y el aumento de la delincuencia es innegable, y por lo mismo resulta lógico que la opinión proteste. Lo que no debe confundirse es el origen del mal que se quiere atacar.