Josefa Suárez reconoce, que pidió "un favor" al magistrado Rodríguez Hermida para que mediara en la liberación de Bardellino

Josefa Suárez Peral, dueña de dos pubs, reconoció ayer que pidió "un favor" al magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo Jaime Rodríguez Hermida para que intercediera ante la Audiencia Nacional para conseguir la libertad provisional del jefe de la mafia napolitana Antonio Bardellino, Tonino. Éste se encontraba en la madrileña prisión de Carabanchel esperando que se resolviese la solicitud de extradición que habían pedido las autoridades italianas.Josefa Suárez, que mantenía relaciones sentimentales con el magistrado, según reconoció el propio Rodríguez Hermida, manifestó que alguien -a quien no quiso identificar y que frecuenta uno de los dos pubs que posee en la calle Caños del Peral- le pidió que hiciera algo por liberar a Bardellino. "Yo le pedí, como favor, al magistrado si se podía poner en libertad a esta persona, pero no sé nada del dinero del que se ha hablado", afirmó Josefa a este periódico.

El magistrado Jaime Rodríguez Hermida estuvo, al menos en dos ocasiones, en las dependencias de la Audiencia Nacional días antes de la irregular puesta en libertad de Bardellino. Posteriormente, el juez Ricardo Varón Cobos, que se hizo cargo interinamente del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional por enfermedad de su titular, puso en libertad a Bardellino bajo fianza de cinco millones de pesetas, medida que levantó una ola de protestas en Italia. El juez titular de este juzgado, Francisco Castro Meije, nada más incorporarse a su puesto, revocó la decisión de Varón Cobos y ordenó la detención y prisión del ciudadano italiano. Durante la ausencia de Castro Meije, Varón Cobos también levantó el procesamiento de Vicente Edmundo Alfaro Villén, que había sido encausado el 31 de diciembre de 1983, en el sumario seguido por el caso Fidecaya.

A raíz de la investigación abierta sobre las circunstancias que rodearon la libertad de Bardellino, el Consejo General del Poder Judicial ha suspendido provisionalmente de sus funciones al magistrado Jaime Rodríguez Hermida por su presunta implicación en el caso, y ha abierto expediente al magistrado Ricardo Varón Cobos.

"No tengo nada que ocultar"

Rodríguez Hermida, de 57 años, casado y Varón Cobos, de 54 años, viudo y con dos hijos, frecuentaban los pubs Nicos y Don Carlo, propiedad de Josefa Suárez. Estos establecimientos también eran visitados por ciudadanos italianos relacionados con Bardellino. Fuentes de la comisaría de La Latina han informado que llegaron a tener "controlados" a cerca de 70 ciudadanos italianos que frecuentaban la zona, de quienes se sospechaba que vendían ilegalmente pieles y cueros y que se dedicaban al robo y venta de joyas.Fuentes solventes informaron que su puesta en libertad le había costado a Bardellino 15 millones de pesetas, de los cuales sólo cinco fueron utilizados para pagar la fianza impuesta por el juez.

Josefa Suárez, de unos 35 años, separada y con tres hijas, manifestó ayer que "no sé nada del dinero del que se habla en los periódicos, y tengo la conciencia muy tranquila; sólo siento que a una persona como Jaime Rodríguez, que es un caballero de los pies a la cabeza, se le esté perjudicando con todo esto".

Josefa Suárez explicó que no tiene nada que ocultar "y, si la policía quiere algo de mí, yo no me oculto, Estoy muy tranquila".

La policía está investigando la procedencia del dinero con el que se pagó la fianza de Bardellino y sigue, como principal pista, la trayectoria de ese dinero con el fin de comprobar a quien se dirigieron los presuntos 10 millones que se han manejado como precio por la libertad del italiano. Fuentes solventes han informado que el dinero fue pedido a Italia por personas próximas a Bardellino y, de allí, fue a Suiza, donde se cambió a pesetas y entró en España.

El Fiscal General del Estado, Luis Antonio Burón, afirmó ayer que cree que la rúbrica del fiscal que figura en la notificación de la libertad bajo fianza del jefe de la Camorra Antonio Bardellino no ha sido falsificada. "Tengo la convicción de que la firma no es falsa, aunque el fiscal que la firmó no dio cuenta ni a su jefe, ni a mí. A mi me contrarió".

Luis Burón explicó que esto podría dar lugar a una reprensión o una indicación particular al teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Luis Poyatos, presunto autor de la rúbrica.

En el escrito, según el Fiscal General del Estado hay dos firmas. Una, en el enterado del auto de libertad bajo fianza de Bardellino, y otra posterior de conformidad con la suficiencia de la fianza. Según Burón, ambas firmas son del fiscal Poyatos, quién probablemente no se dio cuenta de la trascendencia del asunto.

Sin embargo, en el informe que recabó el presidente de la Audiencia Nacional, Rafael de Mendizábal, sobre la puesta en libertad de Bardellino, se mencionó expresamente que la libertad de Bardellino no había sido notificada al fiscal. De Mendizábal transmitió verbalmente dicho informe al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles, lo que originó la apertura de las investigaciones.