El Metro como víctima

LA PARALIZACIÓN del ferrocarril metropolitano de Madrid durante la jornada de ayer, como consecuencia de la huelga convocada por el comité de empresa y la decisión de los trabajadores de incumplir el plan de servicios mínimos establecido por el Ministerio de Transportes, provocó un notable colapso circulatorio en la ciudad y desencadenó sobre los habituales usuarios y sobre todos los ciudadanos de Madrid una serie de retrasos, molestias y padecimientos. A las acusaciones recíprocas de las. dos partes en conflicto sobre quién es el verdadero responsable de la paralización de un medio de transporte esencial para una metrópoli como la que configuran Madrid y su cinturón industrial se ha unido en este caso el desconcierto de los usuarios, obligados a rastrear por las paredes de las estaciones carteles de tamaño folio, escritos a rotulador por el comité de huelga, para conocer -o imaginar al menos- que las rejas de varios centenares de bocas de acceso al ferrocarril subterráneo iban a permanecer cerradas.Los ciudadanos tienen derecho a preguntarse, cuando la huelga ya no es más que un mal recuerdo que amenaza reproducirse el 2 de marzo, con qué criterios se abordan ciertos procesos de negociación colectiva cuya ruptura se resuelve, sin haber agotado antes todas las posibilidades de diálogo, en una huelga de este género. Ante la amenaza planteada por el comité, el Ministerio de Transportes, del que depende el metropolitano madrileño, había desarrollado un plan de servicios mínimos consistente en mantener en circulación el 80% de los trenes habituales durante las ocho horas punta y el 30% durante otras ocho horas, y abrir al público todas y cada una de las 140 estaciones de la red. Semejante plan de servicios mínimos, equivalente a una particular reformulación del derecho a la huelga, no ha tenido otra consecuencia práctica que generalizar la ira entre los trabajadores, incluidos los de UGT, y dejar a los madrileños, de hecho, sin ningún servicio, por mínimo que este fuera.

La rapidez con que el Consejo de Intervención de la Compañía Metropolitano y el propio Ministerio de Transporte han anunciado la apertura de 1.500 expedientes que pueden desembocar en despido y el traslado de los nombres en ellos implicados al fiscal general del Estado, por si existiera delito en su comportamiento, contrasta con el distanciamiento que los rectores del ferrocarril subterráneo han mantenido respecto al incubamiento y a las consecuencias de la huelga. No sólo no ha existido diálogo de cierta consistencia entre las partes interesadas en el convenio colectivo desde el miércoles anterior. La Compañía Metropolitano, especialmente inclinada a informar con profusión hasta, de los mínimos detalles que afectan a la red que administra, incluido el remozamiento y pintura de las estaciones, se ha limitado en esta ocasión a distribuir a la Prensa un escueto comunicado informativo sobre los servicios mínimos y a colocar en las estaciones unos cuantos carteles, que nadie parece haber visto, según la propia compañía, porque manos anónimas los han arrancado de forma sistemática.

Hay datos que merecen ser recordados: el usuario del metro paga, desde hace pocas semanas por su billete el 16,5% más que a finales del año anterior, como media, y sabe que, pese a ello, el ferrocarril subterráneo costará al erario público 6.937 millones de pesetas, ya incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, y varios centenares o miles de millones más que aún no se sabe bien quién terminará pagando. A cambio de esas cantidades de dinero, centenares de miles de pasajeros diarios viajan en muchos casos en unidades de las que se adquirieron para poner en marcha la red, en 1919; carecen de servicios tan elementales como evacuatorios públicos en una extensa trama de andenes y galerías de comunicación; disponen de cuatro teléfonos de monedas para 140 estaciones y son los únicos ocupantes de medios de transporte públicos tan variopintos como el ferrocarril, el autobús o el telesilla, cuyos riesgos en caso de accidente no están cubiertos por el Seguro Obligatorio de Viajeros.

Ante esta perspectiva, la decisión de los trabajadores de la Compañía Metropolitano de hacer a todo trance una huelga de contestación a la empresa y la de la empresa de soportarla a todo trance también podría haberse meditado mejor. Si los servicios mínimos ideados parecen más bien máximos, resulta cuando menos una irresponsabilidad por parte del propio comité no haber previsto él mismo unos servicios adecuados que permitieran controlar la irritación de la opinión pública a la hora de analizar si tienen razón, además de derecho, los trabajadores del metro en esta protesta. No son ellos los únicos empleados del sector público, ni son los peor tratados por la crisis. No son además los usuarios del metro los plutócratas de Madrid, sino trabajadores también en su inmensa mayoría que ayer se vieron perjudicados por la decisión unilateral del comité sin explicación suficiente ni fiable. La sospecha de que Comisiones Obreras sigue planteando al Gobierno socialista desafíos políticos que el Partido Comunista de España (PCE) no puede está más que justificada ante esta huelga de ayer, que se acerca mucho al calificativo de salvaje. Y el temor de que el Gobierno se encuentre tan rígidamente asentado sobre su extensa mayoría parlamentaria que no sea capaz de hablar con nadie ni de ceder en nada permanece latente también. Hasta ahora nadie ha demostrado que la huelga fuera inevitable y, perdiendo dinero el ferrocarril metropolitano, como lo pierde, el principal perjudicado fue sin duda el usuario. De todas maneras, amenazar con el fiscal del Estado de buenas a primeras parece un poco fuerte, y es de sospechar que empresa y comité están llevando demasiado lejos las cuestiones de principio y discutiendo sobre otras cosas -cuestiones de principios, o de ejemplaridad- que no están en el convenio.