El definitivo contrato-programa de Renfe propone la supresión de una cuarta parte de la red ferroviaria
El contrato-programa de Renfe aprobado en el Consejo de Ministros del pasado día 8 propone el cierre de 3.055 kilómetros de líneas ferrovianas, es decir, entre la cuarta y la quinta parte de la red nacional. El cierre propuesto supondría la desaparición del 22,5% le la red ferroviaria de Renfe. Las comunidades más afectadas, como se aprecia en el mapa, serían Andalucía, Cataluña y Castilla y León. Sin embargo, el contrato definitivo entre la compañía y el Estado -un documento) de 75 páginas al que ha tenido acceso este diario y que resulta de una amplia memoria de 98 páginas y diversos estudios técnicos previos- no establece la inmediata desaparición de las líneas más deficitarias. Si bien dicha supresión estaría justificada por causas económicas, el documento hace referencia a razones estratégicas qué pudieran hacer reconsiderar la propuesta de la compañía. Por esta razón se rija un plazo, que termina el próximo 1 de octubre, para que el Gobierno tome una decisión sobre las líneas más polémicas, una vez oídas todas las partes interesadas. Una vez tomada la decisión, ésta entrará en vigor el 1 de enero de 1985.
Las grandes cifras del contrato que figuran en el recuadro adjunto -aportación del Estado, reducción del déficit, programa de inversiones- ya fueron adelantadas por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Barón, tras la aprobación del contrato el pasado día 8. El aspecto menos divulgado del programa, y el más polémico, es precisamente la propuesta de supresión de las líneas férreas "altamente deficitarias", medida que se quiere arbitrar para reducir el creciente déficit de la compañía. Bajo este epígrafe figuran todas aquellas cuyo índice de cobertura, es decir, la parte del coste real cubierta por los ingresos tarifarios, es inferior a un 23,1%, todo ello en datos de 1982.Los tramos -porción de vía entre estación y estación- en vías de desaparición son 37. La comunidad más afectada en términos absolutos, como a simple vista se aprecia en el mapa, es Andalucía, que junto con Murcia vería desaparecer 1.207 kilómetros de línea, seguida de Castilla y León (1.109 kilómetros) y de Cataluña (252 kilómetros). A distancia les siguen la Comunidad Valenciana y Aragón. Los tramos deficitarios más amplios afectan a las siguientes capitales: Sevilla, Córdoba, Granada, Zamora, Salamanca, Valladolid, Soria, Burgos, Lérida y Barcelona.
Sustitución del servicio
"El Gobierno considera necesario el cierre total o parcial de las líneas", indica el documento, "previa sustitución de los servicios por otros medios de transporte de mayor viabilidad económica".
El cierre, además, queda sujeto a una condición suspensiva: "Si el resultado de los estudios económico-sociales sobre su futuro confirma las previsiones" realizadas. La responsabilidad de formalizar la medida de cierre correrá a cargo del Ministerio de Transportes, "que presentará al Gobierno las correspondientes propuestas no más tarde del 30 de agosto". La decisión del Gobierno será comunicada a Renfe antes del 1 de octubre de este año y será efectiva el 1 de enero de 1985.
Estos plazos permitirán que, como ha sucedido ya en Cataluña -donde alcaldes de 43 poblaciones, Departamento de Obras Públicas de la Generalitat y Delegación del Gobierno han formado esta semana una comisión de estudio conjunta-, las poblaciones o sectores más afectados puedan aportar a la Administración su valoración detallada sobre las consecuencias extraeconómicas del cierre de las líneas mencionadas. El contrato incluye una cláusula por la que, transitoriamente: y mientras no desaparezcan estos tramos, el Estado pagará una compensación a Renfe por el mantenimiento de estas líneas ruinosas.
La mernoria adjunta al contrato-programa definitivo abre una puerta a la reconsideración del mapa adjunto por razones extraeconómicas, cuando se justifica la compensación como contrapartida del Estado "a la obligación que Renfle soporta de mantener en ex, lotación y prestar servicio en líneas de muy débil tráfico, fuertemente deficitarias, pero que han de mantenerse por razones de interés logístico o estratégico para la protección civil o la defensa nacional, o bien por razones de ordenación del territorio o de equilibrio regional".
El compromiso del Gobierno para reconsiderar el eventual cierre de los tramos mencionados se solemniza en la memoria, al indicar que el ministerio "se propone realizar los estudios detallados de balance económico-social de estas líneas y, tras efectuar las consultas y trámites previstos, proponer al Gobierno la resolución que proceda en relación con la supresión o mantenimiento" de las mismas. Más allá de las consecuencias geográficas de estas propuestas, destaca también el impacto en la plantilla y la cuenta de explotación de la compañía. El contrato subraya, para el caso de supresión de líneas, "la posibilidad de recurrir a jubilaciones anticipadas y expedientes de regulación de empleo".
Otras compensaciones que recibirá la compañía, en contrapartida por el servicio público deficitario prestado en otras líneas de cercanías y trenes regionales, ascenderán a 23.636 millones de pesetas corrientes anuales.
