Litigio entre la Consejería de Urbanismo y el Patrimomo Nacional sobre la protección ecológica del monte de El Pardo

Aunque el Patrimonio Nacional explica que admitiría la necesaria coordinación con el Patronato, la segregación del monte de El Pardo del ámbito de la protección especial reduciría de hecho la competencia de este último al entorno del monte, desde sus lindes hasta la Cuerda Larga, en la sierra de Guadarrama.Ramón Tamames, que fue teniente de alcalde de Madrid, diputado del PCE y uno de los principales impulsores de una ley de protección especial para el monte de El Pardo, afirmó en una conferencia pronunciada en Madrid. el pasado viernes, en el marco de las Jornadas sobre Metrópolis, Territorio y Crisis, que habría que informar a la opinión pública de los motivos que están paralizando la promulgación de la ley, y advirtió contra la posible presencia de "vestigios feudalistas o actitudes patrimonialistas" que pudieran entorpecer su tramitación. Tamames se reafirmó en la idea de que la ley debe aprobarse tal y como se concibió, con un patronato único de gestión, y la definió como pieza fundamental para la formación de un corredor verde que atraviese de Norte a Sur la región madrileña.

Por su parte, Ramón Andrade, gerente del Patrimonio Nacional, explica que ya en su día el organismo que dirige se opuso a la ley Tamames por el mismo motivo: "El Patrimonio Nacional no quiere ni debe renunciar a la potestad jurídica de administrar el monte de El Pardo. Estamos dispuestos a crear canales de coordinación con cualquier organismo para asegurar el feliz uso de los terrenos del monte, pero pensamos que estará mejor conservado bajo nuestra gestión directa".

Andrade niega rotundamente que el Patrimonio haya ejercido ningún tipo de, presión en estos años en que se viene debatiendo el futuro del monte. "Siempre hemos hablado con quien nos ha llamado, y hemos sido muy claros en nuestros planteamientos, como es legítimo y conveniente hacerlo, pero nadie nos puede acusar de que hayamos ejercido presiones de ningún tipo", afirma.

A finales de 1980, después de varios años de trabajos y estudios previos, el Grupo de Trabajo del Monte de El Pardo y su Entorno presentó un proyecto en el que se recogía la idea básica de que no sirve de nada proteger el monte en sí mismo, amenazado seriamente por una serie de proyectos de urbanización que le rodean casi por completo, sino que es necesario que el área de protección se extienda hasta la sierra de Guadarrama.

Gestión unificada

El espacio físico delimitado según ese primitivo proyecto de ley quedaba sometido a la gestión unificada en un Patronato, en el que estarían representados los ministerios de Agricultura, Obras Públicas y Urbanismo, Cultura junto con Gobierno Civil, Patrimonio Nacional, la entonces existente Diputación Provincial y un miembro por cada uno de los ocho ayuntamientos implicados, entre otros. El Rey fue propuesto como presidente de honor del Patronato. El estudio, presentado más tarde en el Congreso como proyecto de ley, fue desestimado por el Gobierno de UCD. Otro proyecto posterior, presentado en la Mesa del Congreso de los Diputados por el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el diputado comunista Santiago Carrillo, y que recogía básicamente el anterior, aunque con inferior calidad técnica, fue desestimado también, cuando el partido socialista se encontraba ya en el Gobierno.

Mientras tanto, el Patrimonio Nacional mantuvo negociaciones reservadas con los responsables del MOPU y consiguió que el proyecto fuera modificado sustancialmente. El proyecto del MOPU, denominado ley de Protección del Corredor Natural El Pardo-Cuerda Larga, establecía dos sectores diferentes de gestión, en base a que "las particularidades del Monte de El Pardo imponen una regulación especial que separe los bienes pertenecientes al Patrimonio Nacional, constituido por el Monte de El Pardo, objeto de la ley 23/1982 de 16 de junio, de aquellos otros que constituyen un vasto territorio entre El Pardo y la sierra de Guadarrama, amplio corredor fuertemente degradado con actuaciones, a. veces irreversibles, como pueden ser las urbanizaciones desordenadas o las canteras a cielo abierto".

El primer sector, que coincide exactamente con los terrenos que forman actualmente el Monte de El Pardo, quedaría a cargo en exclusiva del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional. El segundo sector estaría gestionado por el Patronato, cuya composición quedaba también reformada. Para asegurar el contacto entre ambos organismos se preveía la creación de una Comisión Permanente de Coordinación, compuesta por representantes de la Dirección General del Medio Ambiente (MOPU), Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (leona), el Patrimonio Nacional y la Comunidad de Madrid. Dicha Comisión Permanente de Coordinación estaría encargada de redactar un plan rector de uso y gestión del monte de El Pardo, que sería sometido a la aprobación del Gobierno de la nación.

El Monte del Pardo está considerado el ejemplo más occidental y valioso de encinar mediterráneo, hábitat de diversas especies de gran valor naturístico y científico. En El Pardo anidan ejemplares de águila imperial española, de las que apenas quedan 60 en el mundo; de buitre negro, especie también amenazada de extinción; elanio azul, grullas, cigüeñas negras, jabalíes, gamos y ciervos, por citar algunas de las especies más importantes. Hay, además, una variada flora: encinas, enebros, quejigos, arces, 22 especies de trébol, etcétera, que dan pie a combinaciones paisajísticas de gran belleza.