La Comunidad deberá fijar el calendario de conversaciones que permita concluir, la negociación el 30 de septiembre

En una discusión general sobre la ampliación de la CEE a España y Portugal, los ministros de Asuntos Exteriores de los diez apreciaron ayer unánimemente la necesidad de fijar un calendario de negociación si se quiere cumplir el objetivo, que fue objeto de un acuerdo generalizado en la cumbre europea de Atenas, de terminar este proceso antes del 30 de septiembre de 1984. El presidente de la reunión, el francés Claude Cheysson, observó que el tiempo es escaso. En consecuencia, los ministros encargaron al Coreper (Comité de Representantes Permanentes de los Embajadores de los diez) que elabore un calendario de objetivos. Este calendario deberá ser discutido, para eventualmente decidir su ejecuión, por los jefes de Estado y de Gobierno de la CEE, en su cumbre de Bruselas del 19 el 20 de marzo.Sólo así se podría cumplir el objetivo -y las fuentes comunitarias insistían en la necesidad e importancia de este término de que España y Portugal ingresen en la CEE el 1 de enero de 1986. En resumen, de ayer no salió más que un calendario para fijar otro calendario.

Incluso algunas fuentes dudan del realismo técnico de la fecha del 30 de septiembre. La Comisión Europea, órgano ejecutivo y burocrático de la CEE, ha estimado que, si se quieren terminar las negociaciones "en el curso de este año"', es necesario darles un impulso y proveerles de mayores medios.

Por su parte, en la sesión de negociación que tendrá lugar hoy a nivel ministerial, España presentará declaraciones sobre asuntos sociales (reiterando la no necesidad de un período transitorio para la libre circulación de los trabajadores) y sobre conservas de pescado.

Canarias, al margen de la Unión Aduanera

En su esperada declaración sobre Canarias, España pide mantener el archipiélago como parte de la CEE, pero fuera de la Unión Aduanera, de la armonización fiscal y de la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), de la política comercial común y de la política agrícola común, salvo en el acceso a los fondos estructurales. España pide que se aplique a Canarias la política regional y la política pesquera de la CEE. Solicita, además, el libre acceso para los productos originarios de Canarias a la Comunidad Económica Europea, con reciprocidad y el acceso del tabaco manufacturado en Canarias a la Península. También pide mantener la reserva del mercado del plátano y exenciones a los gravámenes de las exportaciones de productos agrícolas canarios.

En medios comunitarios se considera ésta una postura maximalista, destinada a mantener el régimen de puerto franco para el archipiélago. Por ello, los observadores consideran como harto dudoso que obtenga satisfacción en todos los puntos.