La Asamblea francesa aprueba el polémico proyecto socialista de ley de Prensa

Los diputados franceses han aprobado definitivamente un controvertido proyecto de ley de Prensa destinado a reforzar el pluralismo y la transparencia y, consecuentemente, a obstaculizar las concentraciones de periódicos de información general. En la práctica, esta ley afecta sobre todo al Grupo Hersant, que cuenta con el diario conservador Le Figaro y una veintena más repartidos por toda la geografía francesa. El Gobierno ha prometido a los comunistas que la ley no se aplicará a la Prensa de los partidos políticos.

Tras varios meses de polémicas públicas sin precedentes en el país, los socialistas han conseguido sacar una ley de prensa antitrust, convencidos de que con ello van a estimular el nacimiento, la vida y la prosperidad de lo que ellos denominan "prensa de opinión". Se ha dicho en París que el presidente François Mitterrand de buena gana hubiese tirado a la papelera esta ley que, por unas u otras razones, pocos aceptan tal y como se ha formulado y aprobado, pero los duros del Partido Socialista, se han salido con la suya.Sucintamente, la ley, en primer lugar, limita las posibilidades de crecimiento de una empresa periodística: ningún grupo de Prensa puede acumular, como propietario, más del 15% del volumen de ventas de los diarios nacionales o provinciales, o de más del 10% de cada una de las dos categorías en el caso de que posea títulos de las dos. Al mismo tiempo, en aras de la transparencia de la empresa informativa, todo diario está obligado a ofrecerle a sus lectores una serie de informaciones relativas a la composición y funcionamiento de la empresa: propietarios, dirigentes, accionistas, etc.

Segundo punto importante: todo diario de información general tiene la obligación de mantener una redacción propia, compuesta por periodistas profesionales. Según la ley aprobada, este equipo de redacción debe ser lo bastante amplia como para que la autonomía de la publicación esté garantizada.

Presiones comunistas

Los comunistas, que participan en el Gobierno, amenazaron con no votar la ley en la Asamblea, porque, si esta normativa se aplica al pie de la letra, el grupo de prensa del partido comunista francés (PCF), encabezado por el diario nacional L'Humanité, se vería afectado. El secretario de Estado para la Información, Georges Fillioud, les aseguró que no sería así, puesto que un artículo de la Constitución lo garantiza.Del proyecto de ley que había presentado a la discusión en el hemiciclo, el Gobierno ha aceptado la supresión del artículo que exigía la autorización previa necesaria para crear un medio de Prensa. Ese artículo se ha considerado en contradicción con los derechos constitucionales.

La ley prevé la creación de una Comisión para la Transparencia y el Pluralismo de la Prensa; dicho organismo se encargará de vigilar el cumplimiento de la normativa aprobada. Se prevén la cárcel y multas, que pueden alcanzar hasta un millón de francos (20 millones de pesetas), para los transgresores de la ley. La Comisión estará integrada por nueve miembros, que serán nombrados por el presidente de la República, por la Asamblea y el Senado y por otros organismos constitucionales.

Una mayoría de la opinión no ve con buenos ojos esta ley y entiende que debiera existir más ampliada, es decir, que tendría que afectar al Estado, ya que él es el verdadero monopolista de la información. En Francia, el Estado es propietario o accionista mayoritario de las grandes emisoras de radio y de la televisión, así como de la agencia France Presse, una de las cuatro más poderosas del mundo; y también de la agencia Havas, el grupo publicitario más potente de Europa.