El comienzo de la campaña electoral en el País Vasco

HOY COMIENZA oficialmente, en medio de la crispación y del miedo, la campaña electoral para los comicios que renovarán, el próximo 26 de febrero, el Parlamento de la comunidad autónoma vasca. Abundan síntomas de que el camino hacia las urnas será obstaculizado por manifestaciones violentas de diverso signo. Mientras los recientes crímenes de ETA y de los GAL amenazan con oscurecer todavía más el sombrío panorama del País Vasco, los primeros enfrentamientos verbales entre el PNV y el PSOE, con el telón de fondo de la radicalización de Herri Batasuna, hacen temer que la campaña esté cargada de peligrosas tensiones.La lucha contra la violencia terrorista se encuentra en un momento crucial, cuyo desenlace dependerá en buena medida del talento del Gobierno para no deshacer con una mano los aciertos que consiga con la otra. Los extrañamientos y las deportaciones de miembros de las distintas ramas de ETA, decretados por el Gobierno francés a cuentagotas tras largos años de tolerancia permisiva, han deteriorado la infraestructura de esas organizaciones en el exterior, pero no parecen constituir -y nunca lo parecieron- ese principio del fin que el portavoz del Gobierno anunció apresurada e irresponsablemente. El asesinato del teniente general Quintana Lacaci prueba que ETA Militar conserva capacidad operativa para golpear en la propia capital del Estado.

La inteligente estrategia iniciada por Juan José Rosón, a fin de posibilitar la reinserción social de antiguos miembros de las bandas terroristas, siempre que estén dispuestos a enterrar las armas y a acatar la legalidad democrática, inquieta a la organización terrorista. El asesinato de Mikel Solaun y el vil comunicado con que ETA Militar ha tratado de justificar su crimen -"aviso" para quienes abandonen el camino de la violencia movidos por el "egoísmo individual" y la "pérdida de la conciencia revolucionaria"- muestran también que, contra lo que la derecha autoritaria opina, las fórmulas orientadas a facilitar el desistimiento de las personas vinculadas a las bandas armadas son vistas con enorme temor por los dirigentes terroristas, primeros convencidos de la eficacia de esa política para debilitar los apoyos a las bandas armadas. No debe olvidarse que la bandera de los presos y detenidos ha sido, junto con la denuncia de las torturas, el arma utilizada por los terroristas para conseguir adhesiones emocionales en la sociedad vasca.

Los atentados perpetrados en suelo francés por otra banda armada, los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), contra militantes de ETA indicaron, el pasado mes de diciembre, que la llamada guerra sucia había pasado ya de la fase de los comentarios imprudentes a la etapa del crimen organizado. El asesinato en Hendaya de Vicente Perurena y Ángel Gurmindo, presumible réplica a los crímenes de ETA durante las pasadas semanas, debilita la hipótesis de que las anteriores acciones sangrientas de los GAL trataran exclusivamente de forzar al Gobierno francés a tomar medidas en el departamento de los Pirineos Atlánticos. La polémica sobre la identidad de los terroristas de los GAL y sobre las gentes que financian, organizan y amparan esas acciones criminales corre el riesgo de moverse entre la autocensura hipócrita y la acusación desprovista de pruebas. En cualquier caso, el terrorismo de los GAL es tan abominable como el de ETA, y quienes lo amparan verbalmente -el señor Olarra incluido-, tan culpables del mantenimiento de la violencia en Euskadi como Herri Batasuna lo es. El Estado y sus instituciones deben manifestarse inequívocamente contra esta nueva especie de asesinos que añaden muerte sobre muerte y violencia sobre violencia, arrojando el problema vasco hacia una espiral de más difícil salida cada día.

Hasta ahora, la violencia asesina de ETA había sido combatida por los aparatos de seguridad del Estado. Con independencia del rechazo moral que cualquier forma de violencia exige, quienes tengan en sus manos la posibilidad de detener o de impedir las criminales actuaciones de los GAL están todavía a tiempo de hacer una reflexión política sobre las imprevisibles consecuencias de esta estrategia suicida para la paz en el País Vasco. Un Estado de derecho no sólo debe combatir los crímenes terroristas mediante la aplicación de las leyes por la policía y los jueces, sino que también está obligado a velar por el orden público -un invento de las sociedades civilizadas- y a impedir lá ruptura de éste por obra de bandas armadas que traten de conseguirpor las malas los objetivos que no puedan alcanzar por las buenas los cuerpos de seguridad. Una vez abierta la caja de Pandora del desprecio hacia la legalidad, la dinámica interna de las fuerzas desatadas resulta incontrolable y puede socavar la estabilidad de las instituciones democráticas.

La evidente crispación de la campaña electoral que ahora se inicia no podría explicarse sin ese trasfondo de muerte y dolor que la terrible espiral de la accilón-represión-acción ha acumulado en la memoria del pueblo vasco durante los últimos años. A quienes no hayan padecido esas traumáticas experiencias les parecerá casi irreal que el PNV y el PSOE se tiren verbalmente a degüello entre sí, cuando no resulta descartable -aunque sea por ahora improbable- que el veredicto de las urnas o el desarrollo de los acontecimientos les fuercen algún día a restablecer sus viejas alianzas del exilio y de las primeras elecciones generales.

Se puede criticar al PNV por su tendencia a patrimonializar las instituciones de autogobierno y a mantener posiciones que implícitamente identifican al pueblo vasco con la comunidad nacionalista, con olvido del carácter plural de esa sociedad en los ámbitos políticos, ideológicos y culturales. Se puede también criticar al PSE-PSOE por su vacilante trayectoria de los últimos años, que le ha llevado a énfasis innecesarios a la hora de abrazar sus nuevas posiciones, por su recién estrenada insensibilidad respecto a los derechos humanos de los detenidos y por carecer de un modelo autonómico alternativo al que ofrece el PNV. Pero ambas formaciones políticas están condenadas a entenderse no sólo para erradicar la violencia terrorista y velar por los derechos humanos, sino también para acometer los planes de reconversión industrial y sentar las bases definitivas de una autonomía recién creada.