Navarro Rubio, Coronel de Palma y López de Letona explicarán al Congreso el crecimiento de Rumasa
Mariano Navarro Rubio, Luis Coronel de Palma y José María López de Letona, gobernadores del Banco de España desde 1964, año en que empezó a crecer el grupo bancario de Rumasa, serán convocados para comparecer la próxima semana ante la comisión que investiga los hechos que suscitaron la expropiación. Ayer fueron interrogados al respecto los actuales responsables del banco emisor, quienes relataron las presiones sufridas desde 1978 por parte de Ruiz-Mateos y se mostraron convencidos de que la expropiación era la única salida. También acudió en esta primera jornada el director general de Patrimonio, Javier Moral, quien declaró al salir que las pérdidas del grupo durante 1982 han sido 7.600 millones de pesetas superiores a las calculadas hace varios meses (unos 77.600 millones) y que durante 1983 crecieron entre el 16% y el 20% (hasta cerca de 90.000 millones).
La reunión investigadora de la comisión, que ha recibido un metro cúbico de documentación en los últimos meses y quiere ahora reconstruir los hechos por boca de sus protagonistas, se desarrolló a puerta cerrada, durante cuatro horas y media. Las dos primeras horas y media fueron dedicadas a José Ramón Álvarez Rendueles y Mariano Rubio, gobernador y subgobernador del Banco de España desde 1978, respectivamente, quienes al abandonar la sala señalaron que las investigaciones parlamentarias son reservadas y sus cargos les obligan a no hablar. Les acompañó el director general adjunto, Aristóbulo de Juan.No obstante, trascendió en fuentes parlamentarias que, al ser preguntados por las relaciones institucionales y personales mantenidas con Ruiz-Mateos, destacaron las presiones procedentes de éste para mantener un proceso de expansión apoyado en el sector bancario.
Las respuestas de Rendueles y Rubio dieron lugar a una reflexión final sobre la inexistencia de leyes eficaces para atajar a tiempo casos como el de Rumasa. Para uno de los parlamentarios presentes -tres socialistas, dos conservadores, un vasco y un centrista, pues el nacionalista catalán excusó su asistencia- lo más relevante fue la afirmación de los rectores del Banco de España de que los hechos posteriores les han convencido de que la expropiación era la única salida, pese a que sus informes previos al Gobierno apuntaban también otras alternativas.
Tras su posterior comparecencia, el director general del Patrimonio, Javier Moral, declaró que "la comisión hace un trabajo muy coherente, al tratar de reconstruir la evolución del grupo y de comprender las causas, que las determinaron".
Auditoría del grupo
A preguntas de los periodistas, Moral dijo que conocerá esta semana la auditoría consolidada del grupo. Los últimos análisis -hace 20 días terminaron las revisiones de cuentas de las empresas- reflejan pérdidas algo mayores de las conocidas hasta -ahora: 77.600 millones durante 1982 (7.600 más de las anunciadas antes), 346.000 millones de pérdidas acumuladas hasta la expropiación, y 259.000 millones de pesetas de déficit patrimonial (consecuencia de que las pérdidas se, comieron hasta la expropiación los poco más de 80.000 pesetas de recursos propios). Añadió que desde la expropiación se ha, conseguido domeñar y reducir en un 40% el crecimiento geométrico (1,6 anual) que llevaban las pérdidas, pero sólo por la mejora de gestión, "que antes era pésima", porque la de las tres cuartas partes siguen siendo los costes financieros. Así, las de 1983 se han aproximado a los 90.000 millones, con aumento del 15% o 20% sobre las de 1983.
