Aluvión de enmiendas a la ley de Reforma de la Función Pública

Los grupos parlamentarios del Congreso han presentado 607 enmiendas, ocho de ellas a la totalidad y dos con texto alternativo, al proyecto de ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Miguel Herrero, en nombre del Grupo Popular, ha avalado 256 de estas enmiendas, y el Grupo Socialista, por su parte, aporta 28. Las ocho enmiendas a la totalidad han sido firmadas por Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra; Luis Ortiz, por los centristas; las minorías catalana y vasca; y Julen Guimón y Miguel Herrero, ambos del Grupo Popular. Los diputados comunistas y también Miguel Herrero suscriben las dos con texto alternativo.

El ministro de la Presidencia, Javier Moscoso, desea que la ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que comenzará a ser discutida este mismo mes en el Congreso de los Diputados, sea aprobada por consenso, a fin de asegurarle una cierta perdurabilidad. Dentro del propio grupo parlamentario del partido del Gobierno se han producido discusiones que han llevado a pactar 28 enmiendas.El pasado jueves se reunieron en el Ministerio de Administración Territorial miembros del gabinete de Moscoso, encabezados por Francisco Ramos, secretario de Estado para la Función Pública, con el portavoz del grupo parlamentario, Javier Sáez Cosculluela, a fin de dar los últimos retoques a las enmiendas. Desde Presidencia se considera que esas modificaciones obedecen a criterios de carácter técnico que han mejorado el texto.

La avalancha de enmiendas, como se presumía tras la polémica desatada al ser conocido el primer borrador de la ley, se ha producido. Miguel Herrero, que se ha constituido en el primer contradictor de la ley, es el firmante de una de las dos enmiendas a la totalidad de su grupo, además del autor del texto alternativo.

Miguel Herrero, en su enmienda a la totalidad, afirma: "El proyecto resulta inoportuno al regular parcialmente el régimen funcionarial. La función pública se encuentra precisada de una reforma global, a través de una ley general básica, por exigencias constitucionales. El proyecto regula cuestiones impropias de una ley básica, que el propio Gobierno podría aplicar; así sucede con el registro administrativo de personal o con la oferta de empleo público. Uno de los principios que preside el proyecto es operar una deslegalización en favor del Gobierno, sin que la misma aparezca debidamente justificada. Dicha des legalización, aparte de contradecir el artículo 103, 3º de la Constitución, no resulta razonable en orden a la regulación de la función pública. Las medidas que contiene resultan inconexas e incoherentes. Tampoco resulta admisible la justificación que se utiliza en el preámbulo del proyecto, considerando que viene exigido en orden a la construcción del Estado autonómico. El contenido más bien lo dificulta, y para ordenar la transferencia de funcionarios existen ya los adecuados principios de orden legal contenidos en la ley 12/83, de 14 de octubre".

Julen Guimón, también del Grupo Popular, ha presentado una enmienda a la totalidad basada en los siguientes puntos: "Este proyecto de ley es inconstitucional por conculcar los principios constitucionales de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos; porque no ha sido negociado; porque ha sido rechazado unánimemente por las organizaciones sindicales más representativas de los funcionarios; porque supone un paso atrás desde el punto de vista de la participación de los funcionarios, y porque incurre en numerosísimos defectos de técnicas jurídicas que originarían gravísimos problemas a la hora de su interpretación, aplicación y desarrolllo".

Desde el punto de vista del Gobierno, las diversas enmiendas aportadas por el Grupo Popular son excesivarnente repetitivas y contradictorias sobre un mismo artículo, y ello depende de quién ha presentado la enmienda. Respecto a las dos peticiones de devolución al Gobierno del texto del proyecto de ley se entiende en la Moncloa que parecen destinadas a favorecer a los cuerpos de elite. "Parecen hechas por un abogado del Estado", indicó una fuente próxima al ministro de la Presidencia.

En el texto del Grupo Popular, los Gobierno autónomos no disponen de competencias en materia de personal; se crea el cargo de secretario permanente como jefe de personal de cada ministerio; instituye consejos, departamentales y de cuerpo en favor de los cuerpos facultativos; establece la diferencia entre servicio civil, con tres escalas, y los cuerpos facultativos. En cuanto a las retribuciones, sigue el proyecto del Gobierno para el servicio civil, y respecto a los cuerpos facultativos crea un complemento de destino propio, suprime el complemento de productividad que establece el texto gubernamental y solicita que las pagas extras se abonen por el total del sueldo mensual que se percibe. En este apartado el Gobierno estima que la sugerencia es razonable, pero no puede hacer frente a ella por su elevado coste presupuestario.

Discrepancias entre socialistas

Los criterios del Grupo Socialista del Congreso no han sido coincidentes con los del Gobierno respecto al articulado de la ley. Los responsables de la redacción del proyecto, tras algunas discusiones con los representantes parlamentarios del PSOE, han llegado al acuerdo de aceptar 28 enmiendas. Tres de ellas han servido para convertir en bases el apartado 2 del artículo 19, que habla de las funciones, eventuales; el 20.1.f, que se refiere a la carrera administrativa -y añade que las comunidades autóriomas cumplirán la norma general-, y el artículo 25, en el que queda especificado que los cuerpos no tendrán funciones administrativas, sino orgánicas, y que ello tarribién será aplicable a las comunidades autónomas.Al artículo 18, que se refiere a la selección de personal por concurso oposición, se le ha añadido un párrafo en el que se establece que en las pruebas de selección se incluirán siempre las de carácter práctico.

En el artículo 19, en la provisión de puestos de trabajo por concurso, se establece como méritos preferentes "el trabajo desarrollado en otros puestos, cursos de perfeccionamiento, títulos académicos y antigüedad".