La reforma de la Administración será el primer gran tema a debate en el nuevo período de sesiones del Congreso

FERNANDO JÁUREGUI, El primer paso hacia una profunda reforma de la Administración pública en general y de la estructura del Gobierno en particular se dará este mismo mes, cuando el Congreso de los Diputados celebre el que previsiblemente será el primer gran debate político del actual período de sesiones, la discusión del proyecto de ley de Medidas de la Función Pública. Este debate, que podría realizarse en la segunda mitad de febrero, inaugurará de hecho en la Cámara Baja un período de sesiones que tendrá particular importancia.

El nuevo período de sesiones comienza, teóricamente, esta tarde con la aprobación de un real decreto sobre aprovechamiento de recursos hidráulicos, escasos a consecuencia de la prolongada sequía. No se espera, sin embargo, que el debate de este real decreto, obligado por vencer hoy el plazo legal para su convalidación, dure más de dos horas.Una vez superado este pleno de trámite, a partir del próximo día 14 se iniciará un agitado período de sesiones, en el que se prevén debates parlamentarios sobre temas como la función pública, el consumo, la seguridad ciudadana, los derechos laborales y la defensa nacional, entre otros. De todos ellos, el de la reforma de la función pública deberá ser el que primero vea sus enmiendas a la totalidad -que ascienden a ocho, presentadas por todos los grupos parlamentarios, excepto el socialista- debatidas en sesión plenaria. Al margen de las de totalidad, casi 600 enmiendas parciales al proyecto deberán ser vistas posteriormente en comisión, convirtiendo a esta ley en la más polémica que el Gobierno socialista haya enviado a las Cortes desde la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE).

La discrepancia de fondo del Grupo Popular estriba en la crítica a la "deslegalización" que supone el proyecto, que, a juicio de la oposición conservadora, concede excesivas competencias al Gobierno para "hacer y deshacer en materia de ascensos y traslados de funcionarios, revisión decuerpos administrativos, etcétera". El número de las enmiendas parciales, que hace pensar en una larga tramitación del proyecto en comisión, no permite prever que éste sea definitivamente aprobado y publicado en el BOE antes del próximo verano, lo que supondría una serie de trabas para que el Gobierno comience un efectivo traslado de funcionarios de la,Administración central a las comunidades autónomas.

Compensación Interterritorial

Por otro lado, una vez aprobado este proyecto, el Gobierno se verá con las manos libres para cumplir el mandato que le obliga a presentar, antes del término de la legislatura, otro proyecto de ley de reorganización del Gobierno y de la Administración del Estado. Fuentes gubernamentales aseguraron a EL PAIS que el Ejecutivo ya se encuentra trabajando en el borrador de este proyecto y que quisiera tenerlo concluido este mismo año; se calcula que supondría la reducción en casi un 30% de los servicios de la Administiración central, con la desaparición de decenas de direcciones generales y con la profunda reestructuración de ministerios que, con las transferencias de competencias a las autonomías, pierden gran parte de su razón de ser. Cultura, Agricultura, Administración Territorial, Sanidad y Obras Públicas se encuentran entre los más señalados. Indudablemente, este paso supondrá, si es que antes no se produce una remodelación gubernamental por otras causas, diversos cambios en el actual equipo de Felipe González.

Al margen de la reforma de la función pública y del debate sobre incompatibilidades de altos cargos, que podrían ser debatidos en una misma sesión plenaria del Congreso dados los numerosos puntos de contacto entre ambos temas, están pendientes de debate plenario por enmiendas a la totalidad los proyectos del Fondo de Compensación Interterritorial y el proyecto de ley de cultivos marinos.

El período de sesiones parlamentarias que hoy comienza se presenta, además de los proyectos citados, recargado con otras numerosas cuestiones que se encuentran en diversas fases de tramitación. Pendientes de dictamen de la correspondiente comisión del Congreso se hallan la reforma urgente de la ley de Enjuiciamiento Civil, la regulación del hábeas corpus y el saneamiento financiero de la cooperativa Uteco, entre otros. Pendientes de ser informados por la ponencia se encuentran los proyectos de ley del servicio militar, la ordenación del seguro privado y un importante préstamo al reino de Marruecos. Además, a punto de vencer el plazo para presentación de enmiendas, aguardan su turno la ley de defensa de los consumidores, la objeción de conciencia, las medidas antiterroristas y la legislación laboral que comprende el proyecto de ley orgánica sindical, el de contratos a tiempo parcial y la modificación del Estatuto de los Trabajadores, además de la regulación de concesión de ayudas a las empresas periodísticas.

A todo ello habría que añadir los proyectos de ley ya aprobados en Consejo de Ministros y que aún no han hecho su entrada en las Cortes, entre los que destacan los referentes a plantillas y retribución de las Fuerzas Armadas -que sin duda dará pie en su día a otro debate sobre la defensa nacional- o la liberalización del predio del trigo.

La reforma sanitaria

El equipo de Felipe González aprobará también, en un próximo Consejo de Ministros, el anteproyecto de ley de reforma sanitaria, que ayer fue explicado por el ministro Ernest Lluch a los parlamentarios socialistas, sin hallar gran rechazo, contrariamente a lo que en sesiones anteriores les había ocurrido a otros ministros (Boyer, Serra, Solchaga, Almunia) cuando hicieron lo propio con otros proyectos que afectaban a sus departamentos.

A la vista del trabajo legislativo que pesa sobre la Cámara Baja, el Gobierno parece mantener la tesis de espaciar los envíos de nuevos anteproyectos de ley pendientes -existen, de acuerdo con fuentes del Gabinete, más de 100 ya concluidos y listos para ser examinados por el Consejo de Ministros- hasta que se alivie el colapso en las Cortes. Sin embargo, existe el propósito de enviar al Parlamento, en el curso del actual trimestre, proyectos pendientes que deberían haber sido aprobados el año anterior.

En todo caso, el Gobierno tiene el propósito de comenzar, en el Consejo de hoy, un "estudio interno" de lo que podría ser el calendario legislativo para este período de sesiones, en el que se prevé la celebración de tan sólo 15 plenos en el Congreso de los Diputados. A esta premura de tiempo habría que añadir los inevitables retrasos en los trabajos gubernamentales y parlamentarios que impondrán las elecciones autonómicas en el País Vasco y Cataluña.

Por lo que respecta al Senado, el gran debate para este trimestre se limita a la LODE, aprobada en diciembre por el Congreso.