Tres guardias civiles, citados a declarar en el País Vasco por supuestas torturas

Tres guardias civiles han sido citados por el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia de Bilbao para que comparezcan el próximo día 3 a una prueba de reconocimiento por el ciudadano Josa Torre Altonaga, que presentó hace cuatro años una denuncia por presuntos malos tratos. Aunque los abogados del denunciante aseguran que el juzgado ha remitido la citación a los interesados, fuentes de la comandancia de la Guardia Civil insistieron ayer a EL PAIS en que no habían recibido notificación alguna.

La mencionada citación ha despertado gran expectación en la opinión pública vasca, ya que se trataría de la primera comparecencia a dichas diligencias por parte de la Guardia Civil.El 1 de febrero de 1980, horas después de que se produjera un atentado en la localidad vizcaína de Ispaxter -en el que perdieron la vida seis guardias civiles, víctimas de una emboscada, y uno de los miembros del comando agresor-, fue detenido Josu Torre Altonaga. Según la denuncia que el afectado presentó en el juzgado de Bilbao, la detención se produjo tras haberse presentado voluntariamente en el puesto de la localidad vizcaína de Munguía, a requerimiento de la Guardia Civil.

Su esposa, Leonor Bilbao, presentó, al cabo de tres días de la detención, una denuncia por presuntos malos tratos a Josu Torre al recibir su ropa manchada de sangre. Por otra parte, un médico forense pudo certificar, en el sexto día de la detención, que Josu Torre Altonaga estaba siendo objeto de malos tratos. El 8 de febrero de 1980, un día después de que la Guardia Civil le pusiera en libertad sin haber comparecido ante el juez, Josu Torre presentó denuncia por malos tratos. Según su relato, le hicieron numerosos interrogatorios, mientras permanecía con grilletes, y sufrió inmersiones de la cabeza en agua, simulacros o amenazas de muerte y golpes por todo el cuerpo.

A los 20 días de presentada la denuncia la Audiencia Provincial de Vizcaya, a petición del fiscal, remitió el caso a la jurisdicción militar, alegando que el lugar en el que se producen los presuntos malos tratos corresponde a la jurisdicción militar. A partir de entonces, la denuncia quedó al arbitrio de la Capitanía General de Burgos, que decidió sobreseer el caso por falta de pruebas y lo dio por cerrado en septiembre de 1980. Tras el sobreseimiento, el abogado de Josu Torre presentó una querella criminal en enero de 1981, y solicitó que la denuncia pasara a competencia civil, lo que dispuso en marzo de 1983 el Tribunal Supremo.