130 niños minusválidos mentales pueden quedar sin tratamiento por la retirada de subvenciones

Un grupo de 130 niños minusválidos psíquicos, desde recién nacidos hasta con seis años están a punto de perder el único centro privado benéfico que funciona en Madrid dedicado a la estimulación precoz, a causa de la suspensión de las ayudas que recibían de diversos organismos oficiales. La Asociación de Necesitados de Atención Precoz (ANAP), de la que dependen, ha lanzado un mensaje urgente a la opinión pública para buscar una solución.

Los 13 profesionales que trabajan en ANAP no han cobrado la mayor parte de sus sueldos durante ' el pasado año. Esta asociación, constituida por padres de niños deficientes mentales, nació en 1982 como continuación de una labor -iniciada por profesionales en la Casa de Salud de Santa Cristina, en Madrid- que corría peligro de desaparecer por problemas burocráticos.En 1982 ANAP recibió 20 millones de pesetas para financiar sus actividades, a través del Instituto de Servicios Sociales (Inserso), del Fondo Nacional de Asistencia Social (FONAS), de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Madrid.

Estimulación precoz

Pero al año siguiente, en 1983, el Inserso redujo la subvención a la mitad -de ocho a cuatro millones de pesetas- y, por otra parte, el FONAS se encuentra en pleno proceso de trasferencia a la Comunidad Autónoma, que ha asumido las competencias de la Diputación Provincial. Por ello, ANAP no pudo encontrar el cauce institucional adecuado para volver a percibir la subvención que por ambas vías recibió el primer año. Este año las subvenciones siguen en el aire.El tratamiento que se sigue en ANAP está dirigido a la detección precoz de las deficiencias y al desarrollo óptimo de las primeras fases evolutivas del niño, para evitar que se acumule el retraso en su desarrollo mental. El equipo de trabajo de la asociación está formado por especialistas en diversas materias médicas, como psicología, neurología y pediatría.

De no arreglarse la situación, muchos de estos niños sufrirían un retraso, quizá irrecuperable en su ya delicada situación. En Madrid sólo funciona otro centro de similares características aunque este pertenece al Inserso y es, por tanto, oficial. Pero entre los dos centros no pueden atender la demanda real en la sociedad.

"Si mi hija Judith", cuenta Bernardo Díaz, vicepresidente de ANAP, "se quedara sin tratamiento y yo no pudiera pagar las 40.000 pesetas mensuales que cuesta uno privado, nunca aprendería a hablar".