A la derecha del PSOE
LA PRÓXIMA convocatoria electoral en el País Vasco y Cataluña servirá de criterio orientador para apreciar los eventuales cambios producidos entre los votantes a lo largo de los últimos meses. Los socialistas se juegan en Cataluña la posibilidad de lograr la presidencia de la Generalitat o de forzar un acuerdo de legislatura con Convergència i Unió (CiU), mientras que, la apuesta del PSE-PSOE en el País Vasco será defender los resultados obtenidos en las legislativas. Las elecciones cobran mayor significación para las fuerzas que, a la derecha del PSOE, luchan por constituirse en opciones alternativas de Gobierno.El congreso del Partido Demócrata Liberal (PDL) ha levantado los últimos obstáculos para la incorporación de esa organización al Partido Reformista, promovido por Miquel Roca, brillante portavoz de Minoría Catalana en el Congreso. La interdependencia entre el partido hoy al frente de la Generalitat, y el proyecto apadrinado por Roca y Garrigues, vincula en buena medida el futuro de la nueva formación con los éxitos o los fracasos de CiU. Se trata, en ambos casos, de crear una opción electoralmente viable y políticamente operativa entre el PSOE y la coalición conservadora dirigida por Manuel Fraga. La única competencia en el terreno reformista para ese proyecto es el Centro Democrático y Social (CDS), de Adolfo Suárez. Pero las dificultades mayores para el enraizamiento electoral y organizativo de la nueva opción intermedia a la que se suma el PDL provendrán, con independencia de las relaciones entre Roca, Suárez y Garrigues, del movimiento expansivo hacia el centro emprendido tanto por los socialistas, como de la coalición de Fraga.
Para Alianza Popular, un revés en Cataluña y en el País Vasco, aunque no resulte, en rigor, extrapolable al resto de España, podría operar en su contra mediante dos efectos complementarios. De un lado, esos eventuales malos resultados darían alas a los proyectos que intentan imitar en el resto de España el ejemplo de catalanes y vascos -donde fuerzas de centro rompen la bipolaridad de aliancistas y socialistas- y pretenden sustituir el factor nacionalista de CiU y el PNV por componentes ideológicos de carácter reformista. De otro lado, un tropiezo de la coalición conservadora en Cataluña y el País Vasco obstaculizaría los movimientos para ampliar sus filas con gentes procedentes de la extinta Unión de Centro Democrático y acentuaría las dificultades internas que comienzan a advertirse en su seno.
El conflicto de Cantabria, donde los diputados de Alianza Popular tratan de derribar al presidente de la comunidad autónoma, elegido por la coalición conservadora, muestra que los nexos de unión entre la vieja guardia de Manuel Fraga y los sectores democristianos agrupados en el Partido Demócrata Popular (PDP), dirigido por Óscar Alzaga, no terminan de consolidarse. Sin entrar en el fondo del asunto, cuya complejidad sólo es descifrable mediante claves locales de difícil explicación, resultan visibles la aspereza, el encono y la dureza de los ataques entre los miembros de Coalición Popular de Cantabria, impropios de unos aliados vinculados por compromisos de gobierno y por proyectos a medio o largo plazo. La experiencia puede ser interpretada como una demostración de que el ejercicio del poder no sólo no aplaca las diferencias entre los aliados, sino que las intensifica. El recuerdo de UCD, que estalló como un triquitraque precisamente cuando ocupaba el Gobierno y disponía de mayoría relativa en el Congreso y absoluta en el Senado, debería haber servido de lección.
En cualquier caso, el conflicto de Cantabria, que tiene como precedente la pelea librada en octubre de 1982 para la presentación de candidaturas conjuntas en las elecciones legislativas, da argumentos para suponer que las versiones idílicas sobre las relaciones entre los socios de Coalición Popular se hallan mas cercanas a la propaganda que a la descripción veraz de los hechos.
