El Consejo de Gobierno acusa a la Administracion anterior de graves irregularidades económicas

Dentro de un clima de gran expectación política, la diputación permanente de la Asamblea riojana ha conocido un informe del Consejo de Gobierno sobre irregularidades encontradas en la tramitación de las obras de adaptación de un ediricio comprado a una comunidad religiosa, con destino a una residencia de ancianos en Calahorra. La urgencia de la convocatoria, los rumores sobre un posible escándalo político, así como el secreto con que había sido llevado el tema por parte del Gobierno regional, crearon expectativas en amplias esferas políticas y administrativas.

Según señaló el consejero de Economía, Carlos Sáenz, en sus con clusiones, existe base legal, al amparo de la ley de Régimen Jurídico Administrativo y del Reglamento de Contrataciones del Estado, para que se proceda a delimitar posibles responsabilidades de técnicos, políticos, funcionarios y contratistas que hayan participado en el tema, responsabilidades que serán concretadas por una comisión parlamentaria de investigación en la que se dará audiencia a los posibles implicados, algunos de ellos políticos y altos funcionarios hoy en activo.Los hechos se pueden resumir de la siguiente forma: En 1977 la Diputación Provincial de Logroño compra un edificio por 48 millones de pesetas con destino a una residencia de ancianos. Dado el buen estado del edificio, diseñado por Miguel Cizac, se plantea una remodelación interna para adecuarlo al nuevo uso. De un anteproyecto de construcción de 43 millones de pesetas, y tras sucesivas revisiones y actualizaciones, se llega a un presupuesto por encima de los 131 millones, adjudicado a la empresa constructora Martínez Chivite, SA, con una baja del 29% respecto al precio de salida. Una impugnación por baja temeraria es desestimada.

Sin embargo, luego ha de hacerse un proyecto adicional por valor de 44 millones de pesetas, adjudicado directamente a la misma empresa. Los arquitectos redactores de los sucesivos proyectos, José María Sáenz de Tejada y Eugenio Torío, multiplican por cuatro sus honorarios finales respecto al primer proyecto presentado. La cadena de picaresca y actuaciones dudosas se amplía considerablemente todavía.

La situación actual, según el consejero de Hacienda, es que, tras satisfacer cantidades próximas a los 200 millones de pesetas, el edificio para albergar a 170 ancianos no funciona y, aún más, su calendario de puesta en marcha está sujeto a considerables inversiones. Por todo ello, no ha dudado en sacar públicamente los datos recogidos tras cinco meses de investigación.