La ruptura entre la patronal y los sindicatos impide el pacto social

Tras cinco años de pactos sociales en los que participaron Gobierno, patronal y sindicatos, en el presente ejercicio no habrá acuerdo de referencia para la negociación colectiva, por lo que inmediatamente habrán de comenzar las conversaciones para la firma de más de 3.600 convenios. En el día de ayer y por separado, la cúpula patronal (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), CC OO y UGT explicaron en tres conferencias de prensa el fracaso de las conversaciones para el acuerdo, definitivamente "rotas y acabadas". No obstante, a última hora de la tarde de ayer distintas fuentes coincidían en la posibilidad de que en la mañana de hoy, y de un modo prácticamente secreto, la patronal y la central socialista abordasen un último intento a la desesperada por evitar una generalización de la conflictividad social que conlleva la negociación de tantos convenios.

Al mismo tiempo que sucedía la ruptura entre los agentes sociales se reunía en la Moncloa el Consejo de Ministros, acordando dar máxima prioridad a la reducción del gasto público, para generar una mayor capacidad de inversión privada que cree empleo. Para ello se tratará de disminuir los gastos de funcionamiento, controlar las transferencias no sociales (especialmente para subvenciones y Renfe), recortar el déficit público (el objetivo del 3,9% del producto interior bruto para 1986 se ha rebajado al 3,3%) y desacelerar el aumento de la presión fiscal (0,9 puntos este año, 0,5% el próximo y 0,1% en 1986).En cuanto a la dificultad de llegar a un acuerdo, dos son los elementos que han hecho imposible el pacto: los deslizamientos salariales y la cláusula de revisión salarial. Según fuentes de los propios negociadores, la CEOE llegó a admitir la última oferta de la UGT -a la que, sin embargo, Carlos Ferrer llegó a calificar de rumor de pasillo- de una banda salarial entre el 5,5% y el 8%, con deslizamientos salariales incluidos. Las discrepancias surgieron a la hora de aplicar estos criterios. La UGT mantuvo que para incluir los deslizamientos, la negociación habría de hacerse sobre masas salariales, lo que chocaba con lo propugnado por la CEOE, que entendía que ello debía considerarse incluso en tablas salariales. A juicio de la central socialista, aceptarlo supondría unos incrementos reales excesivamente bajos.

En la cláusula de revisión salarial, que garantiza que los incrementos no serán inferiores a lo pactado por desviaciones de la previsión de inflación, la postura de la patronal era no aceptar revisión sabro que el índice de precios al consumo subiera en los nueve primeros; meses por encima del 6,5%. Para ello, argumentaba que el propio Gobierno calculaba que en septiembre éste sería el índice de inflación, con unas previsiones anuales del 8%. Por su parte, la UGT, en su última oferta, defendía que los salarios debían ser revisados si a los nueve meses la inflación subía más del 6,2%, ofreciendo además que si a fin de año se producía una desviación al alza, se reajustaría la cláusula.

A partir de este momento, sindicatos y patronal preparan sus estrategias para la negociación colectiva libre. La CEOE defenderá previsiblemente incrementos entre el 5,5% y el 7,5%, la UGT tomará como referencia el 8% y CC OO propondrá a la central socialista el establecimiento de una plataforma conjunta.

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