La convocatoria electoral en el País Vasco

LA DISOLUCIÓN del parlamento vasco y la convocatoria de las segundas elecciones autonómicas, adelantadas apenas unas semanas respecto a los plazos legalmente vinculantes, abren formalmente una campaña iniciada en realidad desde la vuelta del verano. Aunque el resultado de los comicios afectará primordialmente al País Vasco, sus repercusiones alcanzarán al mapa político de España y someterán a prueba la estrategia del Gobierno en Euskadi.La convocatoria electoral coincide con la aparición de algunos signos que permiten pensar, con prudencia razonable, en la posibilidad de una mejoría de las perspectivas de paz y normalidad democrática en el País Vasco. El inicio de una colaboración efectiva del Gobierno francés para terminar con el escándalo del santuario terrorista situado en el departamento fronterizo de los Pirineos Atlánticos podría ser complementado con expectativas de reinserción social, a plazo más o menos largo, de los miembros de bandas terroristas que renunciasen de manera completa y definitiva a la violencia. Nunca ha sido más necesario que ahora articular de forma inteligente las medidas policíacas y de orden público, en el marco de la legalidad constitucional, con una estrategia política que tomara en consideración el trasfondo emocional, ideológico y social que hizo posible el surgimiento de bandas armadas radicales con significativo apoyo en el electora do. La autodisolución de ETA VII Asamblea es la mejor prueba de la eficacia de las medidas políticas y un excelente ejemplo a seguir.

Pero aunque la violencia sea el principal problema del País Vasco, el elenco de dificultades de la comunidad autónoma no se agota con el, terrorismo. La crisis de la siderurgia y de la construcción naval golpea a la industria vasca, tal y como muestra la elevada tasa de desempleo en la zona. Las inundaciones del pasado mes de agosto, que castigaron con especial severidad a Vizcaya, pusieron en marcha los resortes de solidaridad del resto de España y mostraron la voluntad de la Administración central para colaborar con las instituciones vascas de autogobiemo. En el inmediato horizonte se dibuja la necesidad de llevar a cabo la reconversión industrial de sectores fabriles obsoletos o sobredimensionados, cuya falta de rentabilidad ha sido hasta ahora compensada mediante subvenciones y transferencias a fondo perdido con cargo a los presupuestos y al dinero de todos los contribuyentes. También en este terreno la cooperación de las dos instancias estatales -el Gobierno de España y el Gobierno autónomo vasco- resultará del todo punto imprescindible.

El balance de la primera legislatura del parlamento vasco arroja, como enseñanza inequívocamente positiva, que la autonomía ha funcionado institucionalmente. La discusión sobre las transferencias de competencias desde la Administración central al Gobierno vasco y sobre los recortes producidos por la legislación básica no ha sido cerrada, pero el restablecimiento de los conciertos económicos, la creación de la policía autonómica, la puesta en marcha de una Administración pública propia y el funcionamiento de una televisión vasca son hechos indiscutibles, a los que hay que añadir el esfuerzo por promover y difundir el eusquera en las escuelas y medios de comunicación. El PNV se lamenta de las dificultades creadas por las Cortes Generales. y el Gobierno para una interpretación flexible y abierta del Estatuto de Guernica. Las fuerzas políticas vascas de la oposición se lamentan, en cambio, de la exclusivista manera en que el PNV ha protagonizado el proceso de institucionalización autonómica y de su tendencia a monopolizar en provecho de sus militantes los cargos públicos dependientes de la Administración. Pero cualquiera que recuerde la situación anterior a noviembre de 1975, o incluso previa a la aprobación del Estatuto de Guernica, se verá obligado a reconocer que los pasos dados hasta ahora han sido gigantescos.

Durante la primera legislatura, el boicoteo a las instituciones de Herri Batasuna permitió al PNV -con un 37% de los votos sobre los sufragios emitidos y un 22% sobre el censo- obtener la mayoría absoluta en el parlamento y constituir un Gobierno monocolor. Con independencia de que los inminentes comicios pudieran arrebatar al PNV su anterior mayoría absoluta parlamentaria, los graves problemas con que se enfrenta el País Vasco parecen exigir acuerdos generales entre las fuerzas políticas democráticas sobre cuestiones básicas. Resulta difícil, en particular, imaginar que los desafíos presentados por el terrorismo, la reconversión industrial, el desempleo, la coexistencia de las culturas en eusquera y castellano y la integración de todos los vascos -sean cuales fueren sus orígenes geográficos, sus sentimientos- de pertenencia nacional y su ideología política- en una misma sociedad puedan ser resueltos sin el restablecimiento de las buenas relaciones entre el PNV y el PSOE y sin la incorporación a esa voluntad de consenso de las demás fuerzas democráticas.