Los dueños de medios informativos piden la claúsula de conciencia empresarial

La facultad de la empresa periodística o radiodifusora para rescindir el contrato del periodista que hubiera cambiado de ideología es una de las propuestas más polémicas que defienden los principales empresarios privados de medios de comunicación, agrupados en la Asociación de Editores de Diarios Españoles (Aede), la Asociación Nacional de Radiodifusión Privada (Anrp) y la Asociación de Revistas de Información, (Ari), en un documento que han hecho llegar al Gobierno con motivo de la preparación de la nueva normativa de Prensa que sustituirá a la ley Fraga.

Este derecho que correspondería a la empresa de comunicación sería, según los empresarios, la contrapartida a la aplicación de la claúsula de conciencia profesional contemplada en el artículo 20 de la Constitución española y que será uno de los puntos contemplados en la próxima ley orgánica sobre Libertad de Expresión que prepara el Ministerio de Cultura. En cuanto al secreto profesional entienden Aede, Anrp y Ari que debe equipararse al secreto profesional de los abogados, por lo que se debe llevar a los correspondientes preceptos del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento Criminal.

El tema de las claúsula de conciencia tal y como lo plantean los empresarios puede ser uno de los puntos más polémicos, junto con el del acceso a la profesión, de las consultas y reuniones cuatripartitas -profesionales, sindicatos, empresarios y Gobierno- cuyo comienzo formal estaba previsto para los primeros días de enero.

Negociaciones con Cultura

Las conversaciones de la Administración con los sectores de prensa serán llevadas a cabo a partir de ahora por el Ministerio de Cultura y no por el Ministerio de la Presidencia, protagonista de las reuniones anteriores y de la recogida de los documentos básicos sobre los que se discutirá una solución al posible ordenamiento de la profesión periodística.Tanto las asociaciones profesionales, representadas en la Federación de Asociaciones de la Prensa y Unión de Periodistas, como los sindicatos, se han manifestado en contra de la pretensión que tienen Aede, Anrp y Ari, de establecer una "claúsula de conciencia empresarial" porque estiman que se, trata de un derecho exclusivo de los profesionales para garantizar su independencia y, además, por que así lo recoge la Constitución. Los empresarios creen, por su parte, que la interpretación del precepto constitucional de la claúsula de conciencia debe interpretarse como un derecho a la libertad de información, que es un derecho de toda persona y no de determinados sectores sociales profesionalizados.

Otro punto conflictivo en las conversaciones entre las partes es el del acceso a la profesión. Los empresarios dicen profesar y defender la doctrina liberal sobre este tema, que les lleva a la formulación de que "el ejercicio del periodismo es libre y las prohibiciones, restricciones o permisos para ejercerlo, así afecten a propietarios, editores, directores, colaboradores o empleados de un periódico, violan la libertad de Prensa".