El aumento del precio del combustible agrava la crisis del sector pesquero

El sector pesquero atraviesa de nueva una situación de plena crisis, como viene siendo norma en los últimos años a la altura del mes de enero, fechas en que tradicionalmente se unen varias circunstancias que hacen peligrar el inestable equilibrio del sector. A la importación de pescados y mariscos, numerosas veces denunciada por los pescadores, y las viejas dificultades con Portugal, se une, como ya es tradicional a primeros de año, la negociación con la CEE sobre los cupos de pesca en aguas comunitarias. Todo ello está adobado, en esta ocasión, con el aumento en el precio del gasóleo, decisión administrativa fuertemente contestada por los armadores, que ha motivado la convocatoria de un paro en la flota de bajura para el próximo lunes, día 16.

La historia de las relaciones pesqueras españolas con la CEE es un drama que tiene su representación habitual todos los meses de enero. La secuencia es conocida: a primeros de año, la Comunidad fija, muy a la baja, el número de licencias a conceder a la flota española; la Administración y el sector lo rechazan, y se inicia una peregrinación de diplomáticos españoles por diversas capitales europeas; la CEE sube entonces un poquito su oferta inicial, y la Administración española acepta finalmente lo que viene siendo una reducción paulatina y significativa de capturas pesqueras españolas en aguas comunitarias. Los obstáculos de la CEE tienen este año un componente regulatorio: además de rebajar las licencias, se prohibe ahora la captura de especies asociadas.En el fondo del problema, según fuentes del sector, subyace el tema del ingreso de España en la CEE. El paquete pesquero sería de los últimos a negociar, y la Comunidad desearía llegar a ese momento en una posición favorable, con el menor número posible de licencias españolas, lo que explicaría la constante reducción de nuestros cupos.

Entremés de protestas

La secuencia tradicional de los meses de enero va acompañada de un aparatoso entremés de protestas por parte de los armadores, con amenazas de paro de la flota. "Ya no podemos ir más lejos; el Gobierno debe tomar una postura de fuerza, porque lo que pretende la Comunidad, sencillamente, es echarnos de las aguas comunitarias, con dos cláusulas venenosas que vienen a unirse al 20% de reducción de las 111 licencias otorgadas el año pasado", ha declarado Enrique López Veiga, director-gerente de la Cooperativa de Armadores del puerto de Vigo.

Los armadores suelen pedir también a la Administración que se cierren totalmente las importaciones de pescado comunitario, y esta vez la Administración socialista les ha hecho caso, imponiendo unos derechos compensatorios variables muy altos (250 pesetas para el kilogramo de merluza, 500 pesetas para el de angulas, etcétera) que, según algunas fuentes del sector, van a paralizar virtualmente tales importaciones. A nivel oficial, no obstante, los armadores se quejan de que tales aranceles son muy escasos, especialmente los de algunas especies de alto valor.

La reconversión de la flota parece ser la única solución definitiva y realista para obviar un problema que se inicia todos los 31 de diciembre.

Al problema comunitario y portugués, donde también los armadores reclaman posturas de firmeza, se ha añadido este año el efecto negativo de la stibida del combustible (4,52 pesetas por litro), que,ha motivado la amenaza de paro de la flota de bajura. "El problema de la pesca es estructural y no hay razón para que una subida porcentualmente muy inferior a la registrada otros años, desencadene la crisis", según una fuente del sector.

La Dirección General de Ordenación Pesquera opina, por su parte, que "la Administración no cederá en el tema del gasoleo B".