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Tribuna:

Mejor ninguno que todos

Se supone que la certidumbre es buena para gobernar. Mas non tropo. Al menos en algunas cuestiones que requieren, por lo menos, una cierta aplicación de la duda como método para complejizar la realidad. Y partiendo, naturalmente, de que la política, su ejercicio, está en las antípodas de las matemáticas. De modo que no siempre en ella la aplicación de un esquema teóricamente impecable da un resultado válido. Pongamos como ejemplo la debatida concesión del indulto, unánimemente solicitado por todas las asociaciones de periodistas, a Xavier Vinader, víctima de una sentencia que nadie, absolutamente nadie, ha osado defender, y que la profesión periodística ha considerado, justificadamente, como una seria amenaza hacia la libertad de información. Y no precisamente, como suele aducirse con desparpajo, por un problema gremial. Incluso los plumíferos más alejados del periodismo practicado por Vinader sintieron un escalofrío cuando se enteraron que los tribunales españoles establecían una relación de causa-efecto entre una información, que nadie dijo fuese incierta, y un hecho criminal posterior. A partir de ahí todo es posible. Incluso que José María Calviño u otro responsable de Televisión Española, a juzgar por la información dada en algún telediario del día 3 del presente mes de enero, pudiera dar con sus huesos en la cárcel. Me explico. Como se recordará, ese día o el anterior Herri Batasuna, con el rigor y la ética que caracterizan a esta coalición abertzale, había facilitado en una conferencia de prensa una serie de nombres que, según ellos, estaban implicados en la organización terrorista GAL. Que en un Estado de derecho se puedan lanzar acusaciones de esa índole sin pruebas, y que la cosa no pase, si es que ha llegado ahí, del fiscal, es algo difícilmente comprensible. Pero eso es, como suele decirse, harina de otro costal. El caso es que losnombres dados por Herri Batasuna salieron en toda la Prensa, y en circunstancias que, por cercanas, no es preciso recordar. Lo menos que puede decirse es que fue lo más parecido a arrojar un bidón de gasolina en una hoguera. Se acusaba a unos ciudadanos, nada más y nada menos, que de participar o inspirar actos criminales. Y dando pistas, probablemente no sólo a la opinión pública. En los medios de comunicación del Estado, Radio Nacional de España decidió, con buen acuerdo, dar la noticia, pero excluyendo los nombres. Por razones obvias. No así Televisión Española, que, sin pensar sin duda en la sentencia de Vinader, obsequió a sus millones de televidentes con una selección de los acusados lanzada a la publicidad por Herri Batasuna. ¿Con qué criterios? Misterio. Lo único cierto es que allí aparecieron varios nombres que debieron sonar como estampidos en los oídos de mucha gente. ¿Qué hubiera pasado, y desdichadamente no es una suposición gratuita o de ficción científica, si alguno de estos ciudadanos hubiese sido objeto de un atentado a la mañana siguiente? Pues, simplemente, que, siguiendo la argumentación de la sentencia contra Xavier Vinader, varias docenas de directores de medios, con el de la televisión pública a la cabeza, pudieron ir a parar al banquillo. Y de ahí, a la cárcel.Puede decirse que, dadas las especiales relaciones que unen a ETA con Herri Batasuna, aquélla ya tenía en su poder la información facilitada por ésta. Pero esa es una suposición estrictamente política. También que era evidente la falsedad de la acusación. Lo que sería sin duda más grave aún, porque entonces resultaría que lo que habría condenado a Vinader sería haber dicho la verdad...

En fin, la cuestión no está, con ser importante, en que resulta inaudito que la televisión estatal no conozca la sentencia de Vinader y se lance a seleccionar y divulgar informaciones de esa índole, sino que un episodio de tal naturaleza debería servir de reflexión al Gobierno para conceder inmediatamente el indulto al periodista catalán. Porque aquí vamos todos a la cárcel, incluido Calviño o el responsable del telediario en cuestión, o se saca de ella a Vinader.

Un Gobierno debe, como todos, acatar una sentencia. Pero también es su obligación hacer política y reflexionar sobre las consecuencias de que caigan piedras incluso dentro de su propio tejado, sobre el derecho a la libre información. Que, evidentemente, tiene sus limitaciones de responsabilidad. Pero si eso es así, que se comience entonces dando ejemplo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 12 de enero de 1984