Comienzan los juicios por desahucio promovidos por Darsa contra jubilados y viudas de traba- jadores de diversas empresas

El Juzgado de Distrito número 28 será escenario hoy de 4 juicios de desahucio contra otras tantas familias, pues, según Darsa, empresa inmobiliaria demandante, los titulares de las viviendas han dejado de tener derecho a las mismas al haberse jubilado de las empresas en las que trabajaban, entre las que se encuentran Tabacalera, Telefónica, distintos bancos y varias empresas químicas. Aunque el problema afecta de momento a 18 familias -otros 14 juicios se celebrarán la próxima semana-, el número de jubilados y viudas, según una encuesta realizada por los afectados, será de 800 en los próximos años.

El caso de Darsa, inmobiliaria promovida por el grupo Agromán, no es nuevo y ya se produjeron hace unos meses varias manifestaciones ante su sede central de la calle de la Montera de Madrid. En Barcelona, el mes pasado los representantes de 1 compañía inmobiliaria Darsa de Barcelona, SA, y los de la Compañía Telefónica Nacional de España no llegaron a un acuerdo en el acto de conciliación que se celebró.En Madrid, donde hay 1.775 viviendas pertenecientes a Darsa, de un total de 5.000 repartido por toda España, la compañía quiere desahuciar a trabajadores jubilados y viudas por considerar que han cesado en su relación laboral con la empresa que lo contrató, según informaron los vecinos, que han constituido una comisión gestora. El abogado de los demandados, Juan Carlos Rico, manifestó que la inmobiliaria se basa en el artículo 138 del reglamento que desarrolla la le de Viviendas de Protección Oficial, que incluye, entre las razones para promover el desahucio, la "extinción de la relación laboral o de empleo entre el arrendatario y el propietario de la vivienda cuando dicha relación hubiese sido causa de su ocupación". Frente a este artículo, los inquilinos afectados dicen que ellos nunca han tenido relación laboral con Darsa sino con empresas como la Telefónica o Tabacalera Por otra parte, afirman que las viviendas fueron construidas, por su carácter de protección oficial, gracias a créditos a bajo interés, subvenciones del Ministerio de la Vivienda y obligaciones de las propias empresas a las que una ley de los años cincuenta obligaba a proporcionar pisos a un determinado porcentaje de trabajadores.

Las empresas contratantes, según los vecinos, nunca han hecho uso del derecho que tenían de pedir a un trabajador jubilado que se fuera para meter a uno en activo. Los representantes de la compañía Darsa consultados ayer por este periódico prefirieron no hacer ningún tipo de declaraciones sobre el tema.