La autonomía de Navarra y el cupo

Fracasado el intento de anexión de Navarra a la Comunidad Autónoma Vasca, la estrategia abertzale -dice el autor- parece orientarse hacia una campaña de desprestigio del sistema establecido en virtud de la ley sobre Amejoramiento del Fuero, con especial énfasis en la supuesta incapacidad de Navarra para afrontar sola un proceso autonómico viable. Con este texto, Jaime Ignacio del Burgo replica a Juan María Bandrés, que publicó en estas mismas páginas (EL PAIS, 15 de noviembre del 1983) un artículo titulado Sobre el cupo navarro.

Las acusaciones del diputado de Euskadiko Ezkerra Juan María Bandrés sobre la insuficiencia del cupo contributivo de Navarra a las cargas generales de la nación forman parte de esta nueva estrategia. Se trata de presentar a Navarra como una comunidad insolidaria cuya autonomía sobrevive gracias a la voluntad política del Gobierno central, que pretende apartarla de la integración en Euskadi, que es lo que le conviene para hacer viable su propia autonomía, de acuerdo con la esencial naturaleza de las cosas.Este planteamiento resulta inaceptable porque se basa en afirmaciones erróneas. En primer lugar, la cuantía actual del cupo contributivo viene establecida, sin intervención de ninguna decisión política, por la aplicación automática del convenio económico suscrito por el Estado y la Diputación Foral en 1969. De acuerdo con este convenio el cupo tiene dos conceptos básicos: uno fijo e inalterable, situado en 230 millones de pesetas, y otro invariable, que se actualiza cada año en función del incremento o disminución de los impuestos indirectos en la hacienda estatal. Es la inalterabilidad de la parte fija del cupo la que ha provocado un desfase que es preciso corregir. A tal fin están abiertas las negociaciones entre el Gobierno y la diputación, que no han concluido, habida cuenta de que la fijación del cupo no puede desconectarse de la efectiva asunción por Navarra de las competencias previstas en el amejoramiento del Fuero. Por otra parte, cuando se trata de la aportación de Navarra a las cargas generales han de sumarse las cantidades directamente percibidas por el Estado de empresas con actividad en Navarra, y que tributan exclusivamente al Estado, o por el denominado régimen de cifra relativa de negocios. Además, las rentas de los monopolios y la recaudación de los aranceles han de considerarse como aportaciones de Navarra.

La aplicación del sistema de valoración del cupo vasco, aunque hubiera sido pactada por UCD y el PSOE como criterio a seguir para la actualización del convenio de 1969, puede no ser la más idónea, puesto que ambas situaciones son bien diferentes.

Ha de tenerse en cuenta que en Navarra existe una Administración propia que desarrolla importantísimas funciones autonómicas y que está perfectamente preparada para recibir un mayor grado de competencias, por lo que la fórmula de transferir sin más a la Diputación Foral los servicios y funcionarios del Estado puede ser puesta en tela de juicio. Es cierto que competencias costosas, especialmente la educación básica, no se ejercen todavía por la diputación, pese al grado de desarrollo que alcanza la actuación de la misma en todas las facetas de la enseñanza por vía de complementariedad. Pero no es menos cierto que se ejercen otras -como las carreteras- en las que la acción de la diputación abarca incluso a las competencias reservadas al Estado en el resto de las autonomías.

Un nacionalismo solidario

En cualquier caso, y aun reconociendo las dificultades económicas propias de una sociedad en crisis, agravada en nuestro caso por la violencia terrorista, que también se sirve de Navarra como teatro de sus horrendos crímenes contra la humanidad, no sería más halagüeña nuestra situación dentro de Euskadi. Si la cuantía del cupo puede asfixiamos económicamente, nuestra agonía sería un hecho si al cupo contributivo al Estado hubiéramos de añadir, como ocurre con las provincias vascongadas, la contribución a las cargas generales del propio País Vasco.

Es falso decir que en Navarra se lleva a cabo una "política paternalista de gasto" que permite a la derecha perpetuarse en el poder. Ocurre que la inmediatividad y la eficacia del régimen foral, característica esencial de todo sistema autonómico, han permitido a lo largo del tiempo una política de asignación de recursos que se ha traducido en un excelente nivel de prestación de los servicios.

En Navarra, la hacienda municipal ha dejado de ser mendicante gracias a la participación objetiva de los ayuntamientos en los tributos de la hacienda foral. La infraestructura básica alcanza un nivel de prestaciones acorde con las necesidades de una sociedad moderna. Se practica una política verdaderamente solidaria y progresista en materia de asistencia social y además se mantiene todavía una política educativa y cultural basada en el respeto al pluralismo y a la libertad.

Pese a las enormes dificultades actuales derivadas de la inexistencia de una mayoría parlamentaria capaz de formar un Gobierno estable, la diputación en funciones ha logrado elaborar un presupuesto para 1984 con el que se pretende frenar el incremento de los gastos corrientes para intensificar las inversiones. Todo ello mediante la aplicación de un régimen tributario inspirado en los principios de una fiscalización moderna, progresista y justa.

Nada tiene que ver esta situación con la voluntad política del Gobierno central de mantener a Navarra fuera de Euskadi. No es que el Gobierno central desee o no la incorporación, sino que la mayoría de los navarros no la desea, entre otras razones porque para un pueblo milenario que siempre ha poseído instituciones de autogobierno no parece lógico renunciar a su identidad para diluir su personalidad histórica en una comunidad que ni siquiera ha sido capaz de asegurar a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya su antigua foralidad, totalmente quebrantada en el Estatuto de Guernica y con la ley de Territorios Históricos propuesta por el Gobierno vasco.

Respecto a la inviabilidad económica de la autonomía de Navarra, el derecho al autogobierno no depende de la dimensión ni de la riqueza de una comunidad. A nadie se le ha ocurrido pensar que el País Vasco renuncie a su autonomía por el hecho de que sea incapaz de afrontar en solitario su reconstrucción tras las recientes inundaciones. La cuestión autonómica se conecta directamente con la defensa de las libertades. Navarra está perfectamente preparada para asumir las competencias del amejoramiento del Fuero, porque tiene una Administración preparada que presta un importantísimo cometido incluso en materias que, hoy por hoy, corresponden al Estado en el resto de las autonomías. El problema no es económico, sino político. El pueblo navarro asume su libertad colectiva y no está dispuesto a renunciar a ella. En esto, como en todo, la sociedad navarra no es reaccionaria, sino sumamente progresista. Lo que ocurre, para mal de los que piensan como Bandrés, es que Navarra ya ha decidido, y por eso está al margen de un nacionalismo insolidario y en ocasiones violento que quiere apartarla de sus raíces históricas.

es presidente del PDP de Navarra.