La Confederación General del Trabajo argentina, peronista, moviliza a la clase obrera contra la reorganización sindical

En su estilo cuasi militar, todas las direcciones sindicales de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT-RA), la central que lidera Saúl Ubaldini, decretó el lunes el estado de alerta y movilización de la clase obrera para resistir al proyecto de reorganización Sindical remitido por el Gobierno al Congreso.

El proyecto del Gobierno es uno de los que han entrado en las cámaras para ser debatido en sus sesiones extraordinarias y pretende la democratización de los sindicatos, hasta ahora fuertemente controlados por cúpulas de poder a las que se tiene acceso por cooptación. La intención del Gobierno reside en que se celebren elecciones en los gremios, con vigilancia de los jueces sobre los comicios y con representaciones proporcionales de al menos, la primera minoría, a fin de contrapesar la hegemonía peronista; estrecho control público de las finanzas sindicales, etcétera. Cabría señalar que la primera minoría tras el peronismo, dentro de los sindicatos, no sería radical, sino comunista o socialista.Será el primer enfrentamiento democrático entre radicales y peronistas. Los primeros han prometido electoralmente la reorganización de los sindicatos (que fueron intervenidos durante el proceso militar) "desde abajo", desde las bases, prescindiendo en buena parte de todos los actuales dirigentes, enquistados, además, en la dirección del justicialismo. Para los peronistas, una reorganización sindical de este tenor supondría "la aparición artificial de nuevas corrientes sindicales y la dispersión de las decisiones y de la fuerza de la CGT".

Sin embargo, aún pasarán muchos meses antes de que el peronismo pueda colocar al Gobierno en serias dificultades, golpeándolo con sus sindicatos. Ayer mismo, el Ministerio de Trabajo logró evitar un paro nacional de 48 horas propiciado por la Unión Obrera Metalúrgica, en petición de mayores salarios, mediante simple llamamientos a la cordura. El Gobierno no encuentra excesivas dificultades para convencer a cualquier adversario de que el objetivo primordial no es otro ahora que la reconstrucción del país. En cualquier caso, no aparece en el horizonte cercano ninguna posibilidad de establecer algún tipo de pacto social entre radicales y peronistas, o acuerdos políticos previos o globales sobre paquetes legislativos, política militar y económica, etcétera. Y éste será el principal problema de los meses futuros.

Por una parte, Raúl Alfonsín, que podría realizar estos acuerdos respaldado por su partido, carece de interlocutor en el peronismo; de otra parte, el peronismo aún no ha superado su estado de humillación electoral y le resultaría harto duro tener que renunciar no sólo al poder, sino también a muchas de sus reivindicaciones sociales.

Por lo demás, el ministro de Defensa, Raúl Borrás, ha expresado su desagrado al nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército, general Arguindegui, por la presencia en su toma de posesión de los ex presidentes Videla y Viola, encausados ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.

Exigencias de protocolo

El protocolo establece que a un acto de estas características asistan todos los tenientes generales, y Videla y Viola lo son aún. El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas todavía no se ha reunido para estudiar el decreto de procesamiento del Gobierno ni, por consiguiente, ha tomado medida alguna contra los encausados. No obstante, el ministro de Defensa ha ordenado el arresto disciplinario del organizador de la ceremonia, general de división Edgardo Calvi, y del coronel a cargo del ceremonial militar.Por su parte, la fuerza aérea ha dado detalladas explicaciones sobre el Boeing 707 que aparentemente habría abandonado subrepticiamente el país el pasado día 12. Se han facilitado las listas de tripulantes y pasajeros, la ruta del avión (Buenos Aires-Salvador de Bahía-islas Canarias-Ben Gurion, en Israel) y su misión: recoger material aeronáutico israelí previamente adquirido.