Un juez condena a vivir a Elizabeth Bouvia, la joven paralítica que quería morir de hambre

John H. Hews, juez del Tribunal Superior del condado de Riverside, en Estados Unidos, presidiendo una sala repleta de espectadores y periodistas -pero en la que faltaba la interesada-, leyó la sentencia contraria al deseo de Elizabeth Bouvia, la mujer de 26 años que, víctima desde su nacimiento de una parálisis cerebral espástica, había pedido a los médicos y al personal del hospital general de Riverside que la ayudaran a morir de inanición.

Elizabeth, que sólo puede hablar y que sufre una parálisis total, quería que le administrasen solamente la medicación que le alivia el dolor de la artritis que padece, y que le proporcionaran higiene y comodidad para dejar de existir."Este tribunal entiende", dice el texto de la sentencia, "que la cuestión que aquí se ha planteado es si una persona severamente imposibilitada, en perfectas condiciones mentales y que no padece ninguna enfermedad cuyo desenlace inevitable esté próximo, tiene el derecho de acabar con su vida con la ayuda de la sociedad. Este tribunal ha llegado a la conclusión de que no. El derecho del Estado a preservar la vida supera en mucho el de la demandante de acabar con la suya ayudada por la sociedad".

Tras estas consideraciones, el juez autorizó al personal del hospital a alimentar por vía intravenosa a Elizabeth Bouvia en contra de su voluntad de dejar de alimentarse hasta morir, aunque esto no va a ser necesario ya que, según han manifestado los abogados de la joven, su cliente seguirá alimentándose de proteinas líquidas tal y como ha venido haciendo durante el juicio, tras haber llegado a un acuerdo con la dirección del hospital.

La sentencia del juez Hews reafirma el derecho fundamental de la demandante y de todo ser humano a acabar con su vida, pero añade que en este caso los intereses del Estado priman sobre los suyos. "Ninguno de nosotros", añadió el juez, "puede saber realmente lo que su vida ha sido hasta ahora. Deseamos ardienternente que ésta joven mujer se dé cuenta y recupere la esperanza".

Cartas de amor

Richard Scott, el abogado, miembro de la Unión Americana de Libertades Civiles, que ha apoyado a Bouvia desde el comienzo, indicó inmediatamente que recurriría la sentencia. En una conversación con los periodistas, relató que acababa de hablar con su cliente por teléfono y que después de comunicarle el fallo tan sólo pudo oír unos gemidos antes de que ella colgara el teléfono. La conferencia de prensa telefónica en la que Elizabeth tenía que explicar sus impresiones sobre la sentencia fue cancelada.El caso ha levantado un gran barullo y atraído la atención internacional.

Durante el juicio dos sacas de correo llegaban cada día al hospital. Aunque Elizabeth Bouvia no ha querido leer ninguna carta, sus abogados han indicado que se podían clasificar básicamente en dos diferentes tipos: las de grupos religiosos que se ofrecían para salvarle la vida y cartas de amor. También llegaron dos amenazas de muerte, una de ellas de un ex presidiario que se ofrecía a matarla arguyendo que no tenía nada que perder.

El abogado del hospital donde se encuentra Bouvia desde el 3 de septiembre, cuando ingresó tras su separación matrimonial con sínto mas de depresión, se mostró satis fecho con la sentencia, indicando que si el juez hubiera accedido a su demanda se habría sentado un precedente que podría convertir a los hospitales en "dispensadores de muerte a petición del cliente". El personal en pleno del hospital general de Riverside se negó a se cundar los deseos de Elizabeth Bouvia.

Un tema de actualidad

La sentencia sobre este caso llega en un momento en que el problema de la eutanasia y el de la pena de muerte están de candente actualidad en los Estados Unidos La semana pasada dos condenados murieron en la silla eléctrica, y hay más de 1.000 esperando después de que el Tribunal Supremo volviera a autorizar la pena capital en 1976.También durante estos días se supo la sentencia final sobre el caso del niño con espina bífida, al que sus padres se habían negado a operar para prolongar su vida. El Supremo confirmó el derecho de los padres a escoger el tratamiento que consideren más adecuado, en contra de la demanda de los grupos pro vida que habían denunciado el caso a los tribunales. Dos concepciones de la sociedad discrepan sobre las vidas que deben ser salvadas y aquellas que no.

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